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9 procesos de contratación, en 4 meses de la Asamblea

Paúl Abad, Santiago Salazar y Paulina Moreno, funcionarios de la Asamblea, el lunes 20 de septiembre. Foto: Cortesía

Las contrataciones del Legislativo generan controversias. El fin de semana se denunció un proceso para alimentación en el Parlamento. En cuatro meses de gestión, la Asamblea Nacional tiene nueve procesos para la contratación de distintos servicios.

En el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública se evidencia que estos procesos se han dado entre tropiezos: cuatro están adjudicados, tres fueron declarados desiertos y dos están en fase de ejecución, lo que implica que aún no están ejecutados.

La dotación de servicios de Internet y datos, seguridad informática, agua en botellones y pólizas de seguros institucionales son los que están adjudicados hasta el momento.

Mientras que de aquellos que fueron declarados desiertos, solo la contratación de un taller mecánico para mantenimiento de vehículos del Parlamento no ha sido retomado desde que el 25 de junio fuera declarado desierto.
En etapa de ejecución están el mantenimiento de impresoras y escáneres por un valor referencial de USD 29 768, en un plazo de 120 días. Y la contratación del servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la Asamblea por USD 100 000. En ambos casos, sin incluir IVA.

“El tema es que se cumplan todos los procesos. En el último, de los USD 100 000, queda claro que no se invitó a otras compañías, la compañía que gana es la misma que tenía antes un contrato similar y en otras instituciones”, dice el presidente de la Comisión de Fiscalización Legislativa, Fernando Villavicencio (Ind.).

Sostiene que “eso, justamente, es lo que ha venido observando en la Asamblea Nacional, tanto como investigación de los contratos y procesos de adjudicación a gran nivel en los últimos 15 años: que hay un proceso armado, de dedicatoria para empresas”.

Patricio Cevallos, experto en temas comunicacionales y organización de eventos, sostiene que se trata de un contrato “mal hecho”, pues lo que se estila es contratar una empresa para programas puntuales y no para un año completo.
Además, explica que para este tipo de actos no solo se debe tomar en cuenta el valor de la comida sino de otras prestaciones: montaje, equipos, tarimas, audio, entre otros.

En lugar de Llori, el coordinador Jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, el coordinador de protocolo, Paúl Abad, y la coordinadora de relaciones internacionales, Paulina Moreno, salieron ayer a defender el último contrato.

“Es obvio que los responsables de las contrataciones somos los que debemos dar la cara frente a esta situación (…). Las funciones primordiales, básicas y primogénitas de la Presidenta de la Asamblea Nacional son cubrir el área legislativa”, adujo Salazar.

Los funcionarios argumentaron que este tipo de contrataciones se hace en otras instituciones y que se escogió la oferta más económica, y reiteraron que el valor no solo contempla el servicio de catering.

“Es obvio que cualquier ciudadano piense o crea que la empanada cuesta USD 6, hasta yo me sorprendería del tema; pero si desgloso todo lo que es montaje, sillas y demás, voy a entender que la empanada sigue costando USD 1”, trató de explicar Salazar.

Además, Salazar aclaró que la presidenta Guadalupe Llori no cobra viáticos, pero sí hay casos en los que pide reembolsos, como ocurrió semanas atrás cuando, según dijo, pagó por alojamiento y alimentación en un acto oficial de la Asamblea realizado en Tena.

Villavicencio mostró en su cuenta de Twitter una factura por hospedaje de Llori, por un acto realizado en Tena el 12 y 13 de junio, en el que pagó USD 423,10 por día y un total de USD 846,20.

El 2 de agosto pasado, Llori debió enfrentar otras críticas por un plan de compra de vehículos de alta gama, que finalmente no llegó a concretarse.

A las críticas se unieron ayer las de otras bancadas. Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la Izquierda Democrática, a través de un comunicado, señaló que rechaza “todo contrato o acto que generen gastos innecesarios”.

“Creo fielmente que el Ecuador necesita administrar correctamente los recursos y más en esta época de austeridad, por lo que pido a la Presidenta de la Asamblea que rectifique este tipo de contratos y pagos”, señaló.

Juan Fernando Flores (Creo) también pidió explicaciones. “Me llama la atención, no dicen nada de Carondelet. ¿Será que en la Presidencia pagan almuerzos de tres dólares?”, reaccionó Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik.

Mediante un comunicado sin firma de responsabilidad, la Asamblea se refirió a la firma del contrato por USD 100 000 » https://bit.ly/3zoPiI3

Posted by El Comercio on Monday, September 20, 2021

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