El uso legal de la fuerza y la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal son dos de los componentes del proyecto remitido por el Ejecutivo a la Asamblea. El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), cree que debe ser incorporado a otras propuestas que están en trámite.
Se trata del tercer proyecto del presidente Guillermo Lasso en materia de legislación, después de la Ley para la Libertad de Expresión, las reformas a la Ley de Educación Superior, y la reforma tributaria que fueron entregadas en sus primeros ocho meses de Gobierno. Las dos primeras todavía no llegan a primer debate.
La propuesta se compone de 46 artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y una final, bajo el rótulo de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Esta incluye cambios a seis leyes como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Definiciones
Once de los artículos planteados se refieren a normas para regular el uso progresivo de la fuerza y se incluye a Policía, Fuerzas Armadas y guías penitenciarios. Contiene como principios la legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
También cinco niveles para el uso de la fuerza, siendo el último recurso la fuerza con potencial letal o la utilización de armas de fuego con munición letal, en situaciones que pongan en riesgo la vida de terceros o de los propios uniformados.
“El nivel del uso progresivo o racional de la fuerza dependerá de la actuación del presunto infractor, por tanto, el uso progresivo de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente”, señala el documento.
En caso de que se inicien investigaciones por esta causa contra un agente, se partirá de la presunción que el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo. “Corresponde a la Fiscalía, al acusador, o al órgano administrativo pertinente demostrar lo contrario”, añade.
En el texto, el Ejecutivo argumenta que “las disposiciones que regulan el uso legal de la fuerza han estado dispersas. Así, aquellas contenidas en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público no son aplicables a las Fuerzas Armadas, pese a que estas últimas sí tienen que usar la fuerza en aquellos casos que la Ley se los exige (por ejemplo, al resguardar los sectores estratégicos)”.
También asegura que “el uso de la fuerza jamás será admisible en contra de ciudadanos que ejerzan su derecho a la protesta y a la resistencia conforme a la Constitución. Esto es, actuando pacíficamente y sin afectar derechos de terceros ni servicios públicos”.
Nuevo organismo
Asimismo, Lasso propuso crear un Consejo Nacional de Política Criminal, como un espacio en donde todas las entidades con atribuciones en el fenómeno de la criminalidad puedan consensuar políticas en esta área.
El organismo estaría integrado por 10 instituciones como el Ministerio de Gobierno, la Policía, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo.
“El Consejo podrá crear mesas de trabajo, grupos o subcomisiones integradas por uno o varios de sus miembros para que desarrollen los temas que les sean asignados y que luego se integren al Plan de Política Criminal. También podrá invitar a sus sesiones a otras autoridades, expertos, académicos o miembros de la sociedad civil y suscribir convenios con ellos para la generación de información que requiera”, se especifica.
Mecanismos de defensa y asesoría legal para proteger a los miembros de la fuerza pública, cooperación entre Policía y Fuerzas Armadas, administración a los centros carcelarios, también son parte del proyecto.
Trámite legislativo
El trámite de un proyecto de ley ordinario en el Parlamento puede tomar al menos ocho meses, después de que sea calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Según el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), “la única manera de acelerar el proceso de aprobación” de este proyecto es incorporarlo a otras tres iniciativas similares que analiza esta mesa y que prevé hasta mayo contar con un informe para primer debate.
El subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, llamó a que en este tema “prevalezca la voluntad política de privilegiar el bien común de la sociedad y no la ansiedad de protagonismo para posiciones de carácter personal o sectorial en réditos mediáticos”.
La Comisión convocó para la tarde del miércoles 26 de enero del 2022 a expertos y a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para que presenten sus observaciones sobre los proyectos. Allí el jurista Pablo Encalada consideró que el problema pasa porque Ecuador no cuenta con una “política criminal clara”.
