El actual sistema de control irá más allá del 2017
El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), terminará sus funciones en el 2020. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La agrupación política que llegue a Carondelet en las próximas elecciones generales, en caso de no ser de Alianza País (AP), se enfrentará a un escenario institucional complejo.
Para el 24 de mayo del 2017, cuando el nuevo Presidente de la República asuma el poder, los nueve organismos de control y de justicia responderán a un proceso de selección marcado por la correlación de fuerzas políticas que impera actualmente. Es decir, bajo la influencia de Alianza País.
Por ejemplo, para esa fecha, los concursos para los nuevos titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública habrán terminado; mientras que para la Fiscalía General estará en su fase final. Las dos primeras autoridades permanecerán en funciones hasta el 2022 y el Fiscal hasta mediados del 2023.
Esta renovación de autoridades dependerá exclusivamente del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que terminará sus funciones en el 2020 y que deberá realizar los respectivos concursos ciudadanos de méritos, oposición e impugnación.
David Rosero, exvocal de esta institución, desconfía desde ya de esos procesos. Recordó que cuando perteneció a esa institución denunció irregularidades en los concursos ciudadanos y alertó que gente cercana al Gobierno había ocupado, finalmente, esos cargos.
Él critica la cercanía al Régimen de los actuales vocales. “Los concursos se harán entre cuatro paredes y se buscará generar una afectación”.
Raquel González, presidenta del Cpccs, asegura que los concursos ciudadanos venideros serán trasparentes pues los vocales trabajan apegados a las leyes. Dejó a un lado las críticas y aseguró que la veeduría ciudadana será el mejor instrumento de control.
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Según la exconstituyente, María Paula Romo, quien tenga la responsabilidad de dirigir el Ejecutivo en el 2017, si no es del oficialismo, tendrá que enfrentar una serie de impedimentos institucionales. Para la jurista, la “agenda de cooptación” de poderes fue posible gracias a la gran cantidad de recursos criticando que “en algunos casos exista un manejo militante que resulta preocupante”.
Recién en el 2018 vendrá una etapa de renovación de los organismos relacionados con la justicia. En enero se cambiará los seis jueces del Consejo de la Judicatura y para ese año también se renovará parcialmente el Consejo Nacional Electoral. Ambos procesos estarán organizados por el actual Cpccs.
En noviembre se renovarán tres de los nueve jueces de la Corte Constitucional. “La Corte será la piedra más grande en el zapato de un gobierno no correísta”, dijo el legislador Luis Fernando Torres. Él sostiene que el escenario post Correa, con un presidente de la oposición, sería complicado porque el oficialismo ha dejado debidamente atado proyectos y una fila de nombramientos difícil de desenredar.
¿Qué podría hacer un gobierno de otra tendencia en caso de llegar al poder?
Una de las opciones será lograr las dos terceras partes en la Asamblea Nacional, con lo cual se podría realizar una reforma constitucional en 90 días para “desmontar alguna parte de la institucionalidad correísta”. Esta tendría que ser sometida a consulta popular y se prolongaría por cinco meses.
Si no se logra la mayoría en la Legislatura, el presidente podría analizar la posibilidad de convocar a un referendo constituyente.
Solo mediante estos procedimientos se podría destituir a todos los miembros de la Corte Constitucional. Si este escenario no es posible, el futuro presidente podrá lanzar a sus candidatos a través de ternas, pero solo logrará tener espacio en un tercio del alto tribunal.
