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Las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 definirán a las autoridades locales de Ecuador, pero también permitirán medir la capacidad de Acción Democrática Nacional (ADN) para extender su presencia más allá del Gobierno y la Asamblea Nacional.
Los resultados de las alcaldías y prefecturas no modificarán la composición del Ejecutivo. Sin embargo, el desempeño del oficialismo, especialmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, mostrará si el proyecto político vinculado al presidente Daniel Noboa puede consolidar estructuras, liderazgos y capacidad de movilización en los territorios.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a 13 827 643 personas para participar en los comicios. De ellas, 13 331 335 constan en el registro nacional y 496 308 pertenecen a las circunscripciones del exterior.
En las elecciones se designarán 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales de juntas parroquiales rurales. La jornada también incluirá la elección de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La etapa de inscripción concluyó el 17 de agosto. El sistema electoral registró, de manera preliminar, 53 534 solicitudes, entre 27 517 candidaturas principales y 26 017 suplentes. Dentro de ese total constan 1 348 postulaciones para alcaldías y 152 para prefecturas y viceprefecturas.
Esas postulaciones todavía deben superar la calificación de las 24 Juntas Provinciales Electorales y los eventuales recursos administrativos o jurisdiccionales. El listado definitivo de candidaturas calificadas se conocerá el 9 de noviembre.
La campaña y los debates se desarrollarán entre el 12 y el 26 de noviembre. Durante ese periodo, el CNE organizará 45 debates obligatorios para las alcaldías y prefecturas de jurisdicciones con más de 100 000 habitantes. El silencio electoral comenzará el 27 de noviembre y se mantendrá hasta la jornada de votación.
Las autoridades electas asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027 y permanecerán en sus cargos hasta el 13 de mayo de 2031.
Sofía Guerrero, analista política, considera que el principal desafío de ADN consiste en territorializar su proyecto político. El movimiento deberá mostrar si puede pasar de una estructura articulada alrededor de la figura presidencial a una organización con liderazgos locales y capacidad propia de movilización.
Desde esta perspectiva, los resultados ayudarán a determinar si el proyecto de Daniel Noboa puede mantener su competitividad más allá de su liderazgo personal. Una victoria permitiría al oficialismo incorporar alcaldes, prefectos y concejales a su estructura; una derrota amplia limitaría esa expansión y dejaría espacio para que otras organizaciones fortalezcan su presencia local.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, plantea que las seccionales también funcionarán como una evaluación indirecta de la gestión gubernamental. A su criterio, el oficialismo se juega parte de su fuerza y legitimidad política, aunque ADN podría presentar como avance cualquier número de alcaldías y prefecturas que obtenga por tratarse de su primera participación en esta clase de comicios.
Obando sitúa esta elección después del referendo y consulta popular de 2025. En ese proceso, el No se impuso en los cuatro casilleros, con porcentajes de entre el 53,71 % y el 61,8 %, según los resultados definitivos proclamados por el CNE.
ADN presentó postulaciones para competir por las alcaldías de las tres ciudades. Harold Burbano fue registrado en Quito, Cynthia Viteri en Guayaquil y Juan Carlos Vega en Cuenca. Ninguna candidatura puede considerarse firme hasta que concluya el proceso de calificación y se resuelvan los recursos pendientes.
Quito representa para Guerrero un centro institucional y simbólico por su condición de capital. Guayaquil concentra una parte importante de la disputa electoral de la Costa, mientras que Cuenca permitirá evaluar la penetración de ADN en un electorado con dinámicas políticas propias.
Obando también considera estratégicos esos territorios por su peso político, económico y poblacional. Los resultados permitirán evaluar la capacidad del oficialismo para competir en los principales centros urbanos y proyectar su desempeño durante el resto del periodo presidencial.
El especialista incorpora a Santa Elena dentro del mapa político que deberá observarse. A su criterio, esa provincia tiene una relevancia particular para el presidente y para integrantes del Gobierno, por lo que su resultado también aportará elementos para evaluar el alcance territorial de ADN.
Los dos analistas presentan lecturas distintas sobre el alcance nacional de los resultados. Obando considera que una derrota del oficialismo en las principales ciudades constituiría un revés para el proyecto de ADN y podría ser aprovechada por la oposición para cuestionar la gestión de Daniel Noboa.
Guerrero sostiene que el resultado de una candidatura local no puede trasladarse automáticamente al Gobierno. En las elecciones seccionales influyen asuntos propios de cada territorio, como la gestión municipal, la seguridad, los servicios básicos, la movilidad y la valoración de quienes buscan las alcaldías o prefecturas.
La analista diferencia entre la derrota de un candidato y el rechazo a una organización política. Una pérdida generalizada de postulantes identificados con ADN podría adquirir una interpretación nacional, pero un resultado adverso aislado también podría explicarse por las condiciones particulares de cada ciudad o provincia.
La diferencia estará en la extensión de los resultados. Una derrota generalizada de la marca ADN tendría una lectura política distinta a la pérdida de una alcaldía específica.
#CNEInforma 🟡🔵🔴
— cnegobec (@cnegobec) August 24, 2026
Este miércoles 2️⃣ de septiembre, realizaremos de forma simultánea, en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y con la presencia de notarios públicos, la Selección de Miembros de las Juntas Receptoras del Voto que participarán en las #Elecciones2027Ec y… pic.twitter.com/BCrF8xmkvk
La cercanía política entre el Ejecutivo y los gobiernos locales puede facilitar la coordinación de proyectos y políticas públicas, pero no elimina la autonomía de las autoridades electas. El artículo 238 de la Constitución establece que los gobiernos autónomos descentralizados tienen autonomía política, administrativa y financiera.
Guerrero considera que el principal beneficio para ADN estaría en la organización territorial. Alcaldes, prefectos y concejales vinculados al movimiento podrían convertirse en una red permanente de representación política y reducir su dependencia de la figura presidencial.
Obando coincide en que una presencia local amplia fortalecería la estructura del oficialismo. Según su análisis, la coordinación entre Carondelet y autoridades de ADN podría facilitar la ejecución de proyectos y mantener activa la presencia política del movimiento en los territorios.
Los resultados no solo determinarán quién administrará los municipios y prefecturas entre 2027 y 2031. También mostrarán qué organizaciones llegarán con mayor estructura, liderazgos y capacidad de movilización al próximo ciclo electoral nacional de 2029.
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