Las sesiones presenciales de la Asamblea Nacional se retomarán desde este 4 de octubre del 2021. Ese fue el anuncio que la presidenta, Guadalupe Llori (PK), hizo hace una semana. Sin embargo, el Parlamento todavía no está listo para que aquello ocurra: un elemento que se deberá sopesar es el presupuesto.
La decisión no es sencilla. De acuerdo con información proporcionada por una fuente del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) a este Diario, solamente para los tres meses que restan del año se requerirían USD 800 000 para poder cubrir los gastos.
¿El motivo? Los asambleístas, principalmente de provincias, reciben beneficios por vivienda en Quito, donde el Parlamento tiene su sede, movilización, boletos aéreos y viáticos; todo esto se dejó de pagar desde que el Parlamento se acogió hace más de un año y medio a las sesiones virtuales, por la pandemia del covid-19.
La entrega de estos beneficios está regulada en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Allí se precisa que “las remuneraciones, dietas, movilización, viáticos y demás emolumentos serán equivalentes a las de las otras funciones del Estado”.
Para vivienda, se contempla la entrega de tres remuneraciones básicas unificadas, es decir USD 1 200 cada mes. A esta compensación pueden acceder “los asambleístas cuya residencia habitual se encuentre a más de sesenta kilómetros a la redonda del Distrito Metropolitano de Quito”.
La norma añade que los asambleístas del exterior recibirán los emolumentos que por movilización a su circunscripción corresponda, con un incremento de al menos el 25% de los valores que reciban por este mismo concepto los asambleístas que residan en la provincia más distante.
Estos valores son adicionales a la remuneración mensual de cada asambleísta, que asciende a USD 4 759. Ellos también reciben planes de telefonía celular.
Hasta el viernes 1 de octubre del 2021, las unidades de Talento Humano y de la Administración General mantenían reuniones para preparar los informes que deberán ser presentados al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para que emita una resolución.
Una vez cumplido este paso, la presidenta Llori deberá mantener diálogos con el Ministerio de Finanzas para poder acceder a estos recursos.
El asambleísta Ronny Aleaga (Unes), vocal del CAL, adujo que se trata de gastos cotidianos que se deben asumir, porque ya estaban contemplados antes de la pandemia.
“Yo creo que sí justifica los valores, porque al final del día el pueblo nos eligió para defenderlo, para ser su voz en el Palacio Legislativo. El trabajo virtual sirve para otras instancias, pero no para el Parlamento. No podemos ser censurados o callados con un clic”, añadió el asambleísta Aleaga.
Johana Moreira (ID), otra de las asambleístas que integran el CAL, coincide con Aleaga en que el Parlamento Nacional ya reúne las condiciones para retomar por completo las sesiones presenciales.
“Desde luego, todo el personal deberá continuar con el uso de mascarillas, alcohol y el distanciamiento adecuado, pues hemos visto que han ido surgiendo nuevas variantes y en ese sentido no podemos aún cantar victoria ante el virus sino hasta que la OMS pudiera declarar que hemos vencido a la pandemia”, indicó.
Desde hace tres meses, la Asamblea Nacional dispuso la inoculación de todo el personal que trabaja en sus instalaciones (limpieza, administrativo, asesores, asistentes y asambleístas). Son 1 300 personas en total.
Hasta ahora, solo era obligatorio acudir al Palacio Legislativo para 42 de los 137 asambleístas, que ocupan cargos en las principales dignidades de la Asamblea, sus comisiones y los jefes de bancada.
Además, durante un conversatorio con la prensa, el lunes pasado, Llori anunció que se abrirán algunos procesos de contratación para servicios de limpieza y mantenimiento de la flota vehicular.
Después de varios escándalos por un frustrado plan de compra de seis vehículos de alta gama, y de un contrato de USD 100 000 para la organización de eventos, que ya fue cancelado, Llori aseguró que el lanzamiento de los nuevos procesos será público.
Según datos del portal del Ministerio de Finanzas, en 2020 la Asamblea devengó USD 52,16 millones. De ese monto, solo para gastos de personal se destinaron USD 45 millones. En la proforma 2021 que el Pleno devolvió al Ejecutivo se asignaron a la Legislatura USD 51,64 millones.
Entre julio y agosto, la Asamblea Nacional destinó USD 135 761 a rubros como viáticos, alimentación, pasajes y combustible para la movilización de los legisladores.