Procurador entregó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Repetición

Salvador insistió a la Asamblea por el trámite del proyecto de Ley orgánica para la recuperación del control previo de legalidad por parte de la Procuraduría General del Estado. Foto: Twitter de Asamblea Nacional

El procurador General, Íñigo Salvador, entregó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), el proyecto de Ley Orgánica de Repetición con el objeto de que funcionarios devuelvan los recursos que desembolse el Estado como producto de indemnizaciones.

El documento se compone de 20 artículos, además de las disposiciones reformatoria, derogatoria y final, con las que se busca unificar en un solo texto las normas que existen en esta materia.

Llori recibió a Salvador en la sala de sesiones del Consejo de Administración de la Legislatura este jueves 1 de julio de 2021 y se comprometió a “impulsar, priorizar esta Ley de Repetición, cumpliendo todos los procedimientos legales correspondientes dentro de la Asamblea”.

Sostuvo que es un proyecto trascendente “ya que hay mucha irresponsabilidad en los jueces competentes al tratar un tema tan importante que debe ser, en realidad, la defensa en beneficio de los recursos del Estado”.

El Procurador sostuvo que es un clamor ciudadano, pero también “una necesidad estructural del Estado, el que se pueda recuperar los dineros que el Estado ha tenido que pagar por concepto de indemnizaciones”.

Sin precisar una cifra, el funcionario recordó que el Estado ecuatoriano ha sido condenado por tribunales internacionales de Derechos Humanos, por tribunales arbitrales, e incluso por tribunales internos por mala prestación del servicio público.

Salvador refirió que solo en el caso Perenco se tendrán que desembolsar USD 400 millones y que aún se busca un acuerdo amistoso con la petrolera, una gestión que está a cargo del Ministerio de Economía.

“El proyecto de Ley Orgánica de Repetición justamente lo que pretende es recoger en un solo cuerpo legal normativas dispersas hasta el momento en varios cuerpos normativos, con el propósito de que aquellas personas, generalmente servidores públicos, o delegatarios del Estado en la prestación de un servicio público que por acción u omisión hayan causado la obligación del Estado de indemnizar a terceros, esas personas devuelvan el dinero”, dijo.

A su vez, Salvador insistió a la Asamblea por el trámite del proyecto de Ley orgánica para la recuperación del control previo de legalidad por parte de la Procuraduría General del Estado, una facultad que perdió en 2008 con la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública.

“Lamentablemente ese proyecto de ley no tuvo la suficiente acogida en la Asamblea Nacional del momento y hasta ahora no ha sido sujeto ni siquiera al primer debate en la comisión en la que se encuentra”, dijo, tras asegurar que “el control previo de legalidad cierra los espacios de la corrupción, los limita y los reduce”.

Texto del proyecto

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley. La Repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente:

1. Mediante sentencia o acto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales.

2. En una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos.

3. En un laudo arbitral emitido por un organismo internacional de solución de controversias.

4. En una sentencia u acto definitivo que declare la responsabilidad del Estado, su delegatario, concesionario y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por violaciones u omisiones de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos.

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