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Los primeros funcionarios, en la mira de Comisión de Fiscalización de la Asamblea

Los asambleístas Fernando Villavicencio, Yeseña Guamaní y Ana Belén Cordero, ayer, 1 de junio del 2021. Foto: cortesía Asamblea

El análisis del último informe del expresidente Lenín Moreno será el primer proceso de control político que ejerza el Pleno de la Asamblea. A nueve días de haber arrancado el mandato, en la Comisión de Fiscalización dos pedidos de juicio político aguardan por una resolución; y se anuncia otro contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), convocó al Pleno para una sesión virtual mañana, 3 de junio del 2021, a las 14:00. Como primer punto consta la designación de una comisión especializada que analizará el informe de gestión que Moreno remitió a la Legislatura, el viernes pasado.

Conforme al artículo 44 de la reforma a la Ley Legislativa, la comisión especializada en el plazo máximo de treinta días elaborará un informe motivado para conocimiento del Pleno y su posterior pronunciamiento.

El control político, además de la elaboración de leyes, es la principal función del Parlamento. Los cambios a la Ley de la Función Legislativa que se aprobaron el año pasado facultan a cada asambleísta a requerir información y comparecencias, directamente, sin pasar a la discrecionalidad de la Presidencia de la Asamblea o del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

El asambleísta Fernando Villavicencio (Ind.), presidente de la Comisión de Fiscalización, tiene reparos a las reformas. “Por un lado, devuelven a los legisladores la capacidad de solicitar información y comparecencias de forma directa, no a través de comisiones ni de la Presidencia, pero en la Comisión de Fiscalización impiden que un miembro de la comisión solicite juicios políticos”, sostiene.

Sin embargo, resalta que al titular de la Comisión le corresponde defender los informes que haga la comisión ante el Pleno, en las interpelaciones.

A diferencia de lo que se tuvo por 14 años, la actual Comisión de Fiscalización sesionará de manera permanente y no solamente cuando existan pedidos de juicio político. Su actual estructura tiene tres asambleístas independientes, parte de la mayoría parlamentaria, uno de Creo, uno del PSC y tres del correísmo.

Villavicencio dijo que convocará a los nueve integrantes de la comisión, para aprobar un cronograma de trabajo.

Como herencia de la Asamblea saliente, la comisión debe resolver pedidos de juicios políticos contra René Ortiz, exministro de Energía, y contra Pablo Celi, excontralor.

En el primer caso hay un dilema, pues el proceso contra Ortiz era impulsado por los exasambleístas Dennis Marín y Mercedes Serrano (PSC). Ellos acusaban al exfuncionario de no haber entregado información al Parlamento sobre asuntos laborales de extrabajadores de las estatales eléctricas y petroleras. La Comisión de Fiscalización prevé requerir una resolución del Pleno para que se designen nuevos interpelantes.

En el caso del excontralor Celi, quien está detenido desde el 13 de abril pasado, por supuesta delincuencia organizada, se trata de una causa que impulsa el asambleísta del correísmo Juan Cristóbal Lloret, con el apoyo de su bancada.

Entre las causales están arrogación de funciones e interferencia en la Función Electoral.
“La solicitud ya fue calificada por el CAL y está en la Comisión de Fiscalización para su trámite”, recordó Lloret.

Otros cinco pedidos de juicio político contra el exministro de Finanzas Richard Martínez todavía no llegan a la Comisión de Fiscalización, pese a que hace ocho meses fueron calificados por el CAL.

Las reformas a la Ley Legislativa contienen plazos específicos para estos trámites. Así, por ejemplo, el Presidente tiene cinco días de plazo para elevar una solicitud de interpelación a conocimiento del CAL; la Unidad Técnica Legislativa, otros cinco días para elaborar un informe; y la sustanciación no deberá tomar más de un mes a Fiscalización.

Los procesos ya no se quedarán en el limbo (sin resolución), como aquellos que dejó la anterior Legislatura en el caso del exvicepresidente Jorge Glas y de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por falta de votos en la Comisión; todos los expedientes deberán llegar a resolución del Pleno.

La decisión de archivo de Fiscalización debe ser ratificada en el Pleno con una mayoría simple (71 votos), o con mayoría absoluta (90) para no acoger dicha recomendación.

Ayer, 1 de junio, Villavicencio y la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), entregaron la información recolectada a Yeseña Guamaní (ID), para que ella sea la impulsora del juicio político el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien está detenido desde hace dos semanas por supuesto abuso sexual.

Con las reformas, los miembros de la Comisión de Fiscalización no pueden actuar como interpelantes. Guamaní, que no pertenece a esa mesa legislativa, será quien lo haga.

Villavicencio entregó a Guamaní información sobre Carrión, sobre supuesta violencia familiar, que dijo haber requerido al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) antes de ser legislador.

La asambleísta Guamaní aseguró que en 15 días prevé formalizar el pedido de juicio político contra Carrión, con el respaldo de su bancada y de Pachakutik (la ley requiere de al menos 35 firmas).