En política no solo importan las decisiones que se toman sino también cuándo se anuncian. La flexibilización para el porte de armas se definió en medio de dos coyunturas importantes: el inicio del juicio político en contra de Guillermo Lasso y el asesinato de Rubén Chérres.
El 1 de abril pasado, Lasso anunció la modificación del Decreto que permite la tenencia y porte de armas para defensa personal. Han pasado 11 días y esa acción aún se mantiene en el debate, no solo entre políticos sino también en las redes sociales y fuera de estas.
La flexibilización para el porte de armas tiene un precedente que data de enero del presente año. El Pleno de la Asamblea ya había aprobado una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que viabilizó el Decreto 707.
Una semana antes del anuncio, las reformas al COIP entraron en vigencia. Así, el Gobierno anunció la medida como una de las acciones para afrontar la inseguridad que vive el país.
Pero, ¿qué pasaba en esas fechas? Un día antes, el 31 de marzo del 2023, se encontraba el cuerpo de Rubén Chérres, en Punta Blanca (Santa Elena). Él había sido señalado como parte de una trama de supuesta corrupción en empresas públicas al ser amigo íntimo del cuñado de Lasso, Danilo Carrera.
Esa era una de las razones por las que la Asamblea empezó el trámite para el juicio político. Así, dos días antes del anuncio sobre el porte de armas, el 29 de marzo, el país conocía que la Corte Constitucional (CC) daba paso a la interpelación, pero solamente por el presunto delito de peculado.
Ambos hechos abonaron aún más al desgaste que vive el Gobierno desde el primer año de su gestión. En términos de la consultora política, Grace Jiménez, “parecería que la decisión del porte de armas es una fórmula para evadir el debate nacional y montar un elemento para generar lo que se llama una cortina de humo”.
El anuncio del Ejecutivo pateó el tablero de la discusión política. La catedrática universitaria, Caroline Ávila, habla de la intención de incidir en la agenda mediática mediante este tipo de anuncios.
Para ella, la agenda, que en un inicio se centraba en el juicio y giraba en torno a la inminente salida de Lasso, se vio inesperadamente alterada por una política pública que autorizaba la tenencia y porte de armas.
La catedrática plantea que el porte de armas no tuvo una profunda discusión ni en la Asamblea ni en el Ejecutivo. Sin embargo, “es funcional como un distractor del ciclo noticioso”.
La figura de Chérres
Rubén Chérres apareció en la vida pública a partir de la denuncia del portal digital La Posta sobre la presunta corrupción en empresas públicas. Era cercano a Danilo Carrera, quien fue señalado como cabeza de la estructura que gestionaba cargos.
Producto de esa denuncia, la Fiscalía abrió una investigación a la que llamó Caso Encuentro. Después, la oposición en la Asamblea anunció e inició el proceso de juicio político tomando como base ese caso.
Sin embargo, Chérres ya estaba en el ojo de la justicia. En la investigación, también de Fiscalía, denominada León de Troya, se lo vinculaba con la mafia albanesa. Esa investigación, por decisión de un juez de Santa Elena, fue archivada. Hoy, la causa está abierta y continúan las investigaciones.
Jiménez dice que el asesinato de Chérres se suma a las cifras de violencia que experimenta el país. Sin embargo, su caso es distinto. “Era un protagonista clave en un caso de corrupción que envuelve a un Presidente”, señala.
El avance del juicio político
El juicio ya está en la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Esa instancia tendrá que emitir un informe que no es vinculante a la hora de votar en el Pleno. Se requieren de 92 votos para viabilizar la destitución de Lasso.
El anuncio de la medida sobre el porte de armas tampoco tuvo mayor eco en la Asamblea. Solamente el Partido Social Cristiano (PSC) aplaudió la medida, pero aseguró que eso no cambia su posición frente al juicio político del cual son proponentes.
Solamente el bloque de Pachakutik se mostró en contra del Decreto. Esto pese a que pusieron los votos en enero pasado para viabilizar la flexibilización.
Para Jiménez y Ávila, la acción también generó rechazó entre varios sectores de la sociedad. Ambas recordaron los pronunciamientos en contra por parte universidades y sectores de la sociedad civil.
Jiménez apunto que el Gobierno está aislado, solo; además de ser errático en sus acciones. Producto de ello, dice, perdió a una de sus figuras políticas como el excanciller Juan Carlos Holguín. También salió del gabinete Andrés Seminario, el tercer secretario de Comunicación en menos de años del actual Régimen.
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