El caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (PK), acentúa la medición de fuerzas entre la oposición legislativa (compuesta por el correísmo, el Partido Social Cristiano -PSC- y sus aliados), que busca su salida, y el oficialismo y Pachakutik, que la defienden.
La pugna entró a un nuevo capítulo con las medidas cautelares contra la comisión pluripartidista ad hoc, obtenidas por la cúpula del movimiento indígena en la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito, el viernes pasado 27 de mayo.
Pedro Zapata (PSC), presidente de la comisión, rechazó que Llori devolviera el informe a esta instancia, en vez de convocar al Pleno para una resolución. En el expediente, esta instancia recomendó que ella fuese destituida por incumplimiento de funciones.
Devolución
“Como es evidente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla, bajo ningún concepto, la figura de la devolución del informe en mención, sino que la obliga a convocar a una sesión del Pleno para que sea conocido, tratado y resuelto”, señaló.
Zapata respondió con un memorando a la decisión que tomó dos días atrás Llori, sobre no convocar al Pleno Legislativo por este asunto, tras las medidas cautelares obtenidas por Pachakutik.
“En cumplimiento de la decisión constitucional emanada por la autoridad competente, dentro del proceso de medidas cautelares (…), devuelvo el citado informe por cuanto viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica, principios fundamentales consagrados en la Legislación ecuatoriana”, refirió Llori en el oficio.
Disposiciones
El juzgado dispuso “abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe aprobado en sesión Nº 6 de la Comisión Pluripartidista ad hoc”, con el argumento de que esta instancia “fue creada sin respetar la representación y derecho de decisión democrática del movimiento Pachakutik”.
La sentencia incluyó una disposición para que el Pleno conformase una nueva comisión, “debiendo Pachakutik y las demás organizaciones políticas designar democráticamente a sus delegados”. En principio, ese recurso había sido interpuesto en el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago, que se negó a tramitarla por falta de competencia.
Pachakutik, la Izquierda Democrática (ID) y la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) argumentaron que la mayoría compuesta por el correísmo, el PSC y sus aliados escogieron a legisladores separados de las bancadas para este proceso.
“La Ley es clara en que deben estar representadas todas las bancadas legislativas, e incluso les puede hablar alguien que no tiene ni un solo representante dentro de la comisión, porque decidieron dejarnos fuera porque simplemente les somos incómodos”, manifestó Fernando Flores, jefe del BAN.
Debate
Entre constitucionalistas hay criterios divididos. “Nos guste o no es una decisión de un juez que no puede ser inobservada”, dijo Emilio Suárez. Ismael Quintana apuntó a que se trata de una “irregular medida cautelar”.
El jefe de la bancada del PSC, Esteban Torres, impulsa el proceso de destitución de Guadalupe Llori. Torres llamó a los legisladores a rechazar y no acatar las medidas cautelares porque “riñen con la Constitución”.
“Estamos claros que por parte de la Presidencia de la Asamblea no va a haber apertura para poner este tema en el debate. Pero nos va a tocar imponernos con la fuerza de la razón, con la fuerza legal y con la fuerza de los votos”, advirtió.
Salvador Quishpe, coordinador del bloque de Pachakutik, aseguró que su movimiento defenderá la Presidencia del Legislativo. “Si no respetan estas medidas cautelares acudiremos a las instancias políticas, sociales y jurídicas, nacionales e internacionales”, puntualizó.
A su vez, Quishpe rechazó el apoyo del presidente Guillermo Lasso a Llori y dijo que no lo necesitan, pues cuentan con su propia estructura para defenderse.