Human Rights Watch advierte que la Ley de Integridad Pública pone en riesgo a menores

Human Rights Watch alerta que la Ley de Integridad Pública vulnera derechos de menores y prioriza castigos en lugar de protección.

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La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025 y sancionada al día siguiente por el presidente Daniel Noboa, genera una fuerte advertencia de parte de Human Rights Watch sobre los menores de edad. Según la organización internacional, la normativa representa una amenaza grave para los derechos de los menores.

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Aunque el objetivo oficial de la ley es erradicar la corrupción y mejorar el funcionamiento del sector público, Human Rights Watch alertó que las reformas introducidas en el sistema de justicia penal juvenil terminarán castigando a menores de edad en lugar de protegerlos frente al reclutamiento por parte de grupos delictivos. La organización pidió al gobierno que priorice políticas de protección y prevención.

Reformas penales juveniles contradicen estándares internacionales

Human Rights Watch explicó que la Ley de Integridad Pública aumenta las penas contra adolescentes, incluso hasta 15 años de prisión, en el contexto del ‘conflicto armado interno’ declarado por el Gobierno. Actualmente, la pena máxima era de 8 años para personas entre 12 y 18 años, según la legislación ecuatoriana.

Los adolescentes cumplirían parte de sus condenas en centros para menores y luego pasarían a “secciones especiales” dentro de prisiones para adultos. Además, la ley prohíbe medidas alternativas al encierro, como regímenes abiertos o semiabiertos, para delitos con penas mayores a cinco años.

Internamiento prolongado y ausencia de protección especial

El texto legal eleva el periodo máximo de internamiento preventivo de 90 días a un año para adolescentes procesados por delitos graves. Según Human Rights Watch, estas medidas no se alinean con la Constitución del Ecuador ni con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible. La Constitución ecuatoriana también garantiza que los adolescentes reciban sanciones proporcionales, enfocadas en su rehabilitación y no en el castigo.

Advertencias del Comité de Derechos del Niño de la ONU

Human Rights Watch recordó que en febrero de este año el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó a Ecuador a usar la privación de libertad solo como medida excepcional. También pidió mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años y fomentar penas no privativas de libertad.

El Comité advirtió que tratar a los adolescentes como adultos, sin considerar sus derechos y etapa de desarrollo, puede generar daños profundos.

Además, señaló que los enfoques punitivos pueden afectar negativamente su reintegración a la sociedad y aumentar su vulnerabilidad futura.

Impacto en el desarrollo y en la prevención del reclutamiento

La organización también expresó que negar oportunidades de reintegración solo refuerza los ciclos de violencia. “Estas reformas son abusivas e ineficaces”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Agregó que los líderes criminales seguirán captando menores si el Estado no prioriza la protección de la niñez.

El comunicado cuestiona la efectividad del enfoque represivo y pide una respuesta basada en los derechos. Human Rights Watch aseguró que castigar a niños utilizados por grupos delictivos no detiene el problema, sino que lo profundiza.

Medidas de protección sin militarización ni exclusión

Para Human Rights Watch, el Estado debe abordar las causas estructurales del reclutamiento, como la pobreza, la exclusión educativa y la violencia generalizada. La organización instó a implementar políticas públicas que creen entornos seguros, especialmente en las escuelas, sin recurrir a la militarización.

También recomendó fomentar espacios extracurriculares seguros y de apoyo, donde los menores puedan aprender y desarrollarse. A su juicio, estas medidas ayudarían a reducir el riesgo de reclutamiento y permitirían a los adolescentes escapar de contextos violentos sin ser criminalizados.

Proteger a la niñez y perseguir a los reclutadores

“Si las autoridades realmente quieren acabar con el reclutamiento y la utilización de niños por parte de los grupos de delincuencia organizada, deben centrarse en proteger a los niños, niñas y adolescentes y perseguir a quienes los reclutan”, afirmó Goebertus.

La directora de HRW insistió en que la respuesta estatal debe centrarse en los responsables, no en las víctimas.

El comunicado concluyó que las disposiciones de la Ley de Integridad Pública deben ser revisadas para ajustarse a la Constitución y a las obligaciones internacionales. Human Rights Watch hizo un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para evitar que los niños sean castigados por haber sido víctimas del crimen organizado.