Human Rights Watch (HRW) advirtió que las nuevas leyes adoptadas en Ecuador para combatir la inseguridad abren la puerta a violaciones de derechos humanos.
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En un pronunciamiento oficial, la organización cuestionó tanto el contenido como el procedimiento con el que se aprobaron la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Inteligencia.
Poderes sin controles y riesgo de abuso, según Human Rights Watch
La Ley de Solidaridad Nacional fue aprobada el 7 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional mediante un trámite acelerado. Esta norma otorga al presidente amplias facultades para declarar y actuar ante un supuesto “conflicto armado interno”, lo que, según HRW, permite a las fuerzas de seguridad emplear fuerza letal en situaciones donde el derecho internacional no lo autoriza.
Tres días después, el Legislativo aprobó la Ley de Inteligencia, que establece un nuevo marco para las actividades de inteligencia y contrainteligencia, pero sin establecer controles judiciales robustos. Según HRW, ambas leyes debilitan la rendición de cuentas y socavan las garantías básicas de protección de derechos.
“Ecuador necesita con urgencia abordar la inseguridad y el crimen organizado, pero lo más probable es que estas leyes solo hagan más daño”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. Agregó que “la seguridad no se puede construir con legislación apresurada, mal redactada y excesivamente amplia. En cambio, hace falta un debate cuidadoso, salvaguardias sólidas y respeto a los derechos humanos”.
Un país golpeado por el crimen organizado
La violencia en Ecuador creció de forma sostenida en los últimos años. En 2023, la tasa de homicidios superó los 47 por cada 100 000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La misma fuente reportó una reducción del 15 % en 2024, aunque en 2025 los homicidios volvieron a incrementarse, de acuerdo con cifras oficiales.
HRW sostiene que la Ley de Solidaridad Nacional busca ampliar el margen de maniobra del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado, pero a costa de eliminar protecciones fundamentales.
La norma permite allanamientos sin orden judicial, amplía el uso de la fuerza letal y faculta al presidente para conceder indultos a miembros de las fuerzas del orden investigados por hechos ocurridos en el contexto del “conflicto armado”.
La organización también advierte que la ley define de forma ambigua a los “grupos armados organizados”, al incluir incluso a agrupaciones de tres personas que ejerzan “violencia prolongada”. Además, deja en manos de las propias fuerzas del orden la decisión sobre qué grupos pueden ser considerados como parte de ese conflicto.
Tensiones con el control constitucional
En varias sentencias, la Corte Constitucional rechazó el uso del concepto de “conflicto armado interno” como base para declarar estados de excepción. Según la Corte, el Gobierno no demostró que se cumplan los criterios establecidos por el derecho internacional para configurar ese tipo de conflicto.
HRW considera que la nueva ley busca evadir el régimen constitucional que regula los estados de excepción. Ese régimen establece limitaciones claras sobre su duración, los derechos que pueden suspenderse y la supervisión de la Corte Constitucional.
“Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos”, afirmó Goebertus.
Inteligencia sin límites judiciales
La Ley Orgánica de Inteligencia crea el Sistema Nacional de Inteligencia, conformado por entidades militares, policiales, tributarias, aduaneras, penitenciarias y de seguridad presidencial. La coordinación recae en una autoridad designada por el presidente.
HRW alerta que esta ley obliga a todas las instituciones públicas y privadas, empresas y ciudadanos a entregar información al sistema de inteligencia sin requerir orden judicial. Esto incluye a operadoras telefónicas, que deberán proporcionar datos históricos y en tiempo real.
Además, la norma permite interceptar comunicaciones basándose en conceptos amplios como la “seguridad integral del Estado”, sin intervención judicial previa. HRW señala que estas disposiciones podrían vulnerar derechos protegidos por la Constitución, como la intimidad personal y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio profesional
Human Rights Watch advierte que estas medidas pueden generar un efecto inhibitorio en la libertad de expresión. También podrían poner en riesgo el ejercicio de profesiones que manejan información confidencial, como el periodismo, la abogacía y la medicina.
La organización instó a que ambas leyes sean revisadas y modificadas para alinearse con la Constitución y con las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos.
