La decisión de dos jueces de dejar en libertad a 13 personas que fueron detenidas en flagrante delito de extorsión en Quito desembocó en un cruce de acusaciones entre Ejecutivo, Judicatura y Fiscalía.
Mientras el presidente Guillermo Lasso anunció que presentará una queja, la Judicatura responsabilizó de lo ocurrido a la Fiscalía, la cual también reaccionó y acusó que el parte policial no fue entregado a tiempo.
“¿Para quién trabaja la justicia? Capturados y liberados ¿Para los criminales?”. Fue la Reacción del Primer Mandatario, al publicar una imagen con los rostros de los sospechosos en su cuenta de Twitter y fustigar la actuación de los operadores judiciales.
Lasso consideró que la resolución de los jueces de flagrancia Jaime Romero y Marco Tamayo “pretende dejarlos impunes” a los involucrados, cuando el Gobierno impulsa una “cruzada por la seguridad”.
“No permitiremos que las mafias organizadas, en complicidad con jueces poco comprometidos con la seguridad del país, ganen terreno”, añadió el Ministerio del Interior en un comunicado. A su vez, esta institución confirmó que presentará una queja formal en el Consejo de la Judicatura contra estos jueces.
La Policía también rechazó que los jueces hayan dispuesto medidas cautelares, como la prohibición de ausentarse del país y la presentación ante el juzgado, cuando 12 de los 13 aprehendidos son venezolanos. Apeló a un trabajo “mancomunado entre todas las instituciones del Estado” contra la inseguridad.
Descargos de Judicatura
El Consejo de la Judicatura deslindó responsabilidades para los jueces. Aseguró que “la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de los ciudadanos detenidos en el operativo, existiendo incluso visos de violación de los procedimientos, como lo revela el mismo expediente”.
Añadió que “las víctimas de infracciones penales requieren de una justicia de calidad”. Y que, para ello, “se necesita que los otros actores como la Policía Nacional efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente para que los derechos de todas las víctimas sean reestablecidos”, puntualizó.
Descargos de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado, por su lado, respondió que “ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que la Fiscalía ordena practicar con base a la información recibida en el parte policial”. Aseveró que ese documento fue entregado minutos antes de la audiencia.
La institución adujo que “incluso el juez que conoció la causa dispuso que se oficie a asuntos internos de la Policía Nacional para que se investigue la falta de diligencia en la entrega del parte policial de aprehensión y que se le informe sobre las sanciones que recaigan sobre los agentes suscriptores del mismo”.
El caso
Según la Policía, 12 de los sospechosos son de nacionalidad venezolana y uno ecuatoriano. Ellos fueron aprehendidos en el operativo Siglo 25 por equipos de élite, el 9 de marzo, tras la denuncia de un ciudadano que fue extorsionado por reiteradas ocasiones.
La denuncia los involucra en los delitos de tenencia y porte de armas de fuego, receptación, secuestro y extorsión bajo la modalidad de vacunas.
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