
El juicio del caso Triple A llegó este domingo 2 de agosto de 2026 a una etapa decisiva. El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado escuchó los argumentos finales de las partes procesales después del cierre de la fase de pruebas.
Durante sus alegatos de clausura, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal que declare la culpabilidad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de los demás procesados por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles.
La entidad acusadora sostuvo que durante el juicio se demostró la existencia de una red dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos en distintos segmentos del mercado.
Según la tesis fiscal, las personas naturales y jurídicas investigadas participaron en actividades relacionadas con la gestión, coordinación, declaración, pago y aprovechamiento económico de operaciones con combustibles subsidiados.
La Fiscalía señaló que los beneficios económicos de esas operaciones provendrían de un subsidio estatal destinado a la población ecuatoriana y no a grupos empresariales particulares.
La Fiscalía sostiene que existieron diferencias entre el volumen de combustible despachado y los valores facturados por estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Dentro de su acusación, la entidad señaló un perjuicio económico para el Estado de 61 502 658,39 dólares, correspondiente a 22 777 191,80 galones de diésel y gasolina.
Estos valores forman parte de la teoría fiscal y deberán ser evaluados por el Tribunal junto con las pruebas incorporadas durante el juicio.
La audiencia se reinstaló la mañana del 2 de agosto de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Antes de los alegatos finales, el Tribunal recibió los últimos testimonios anunciados por las defensas.
Juan Alberto Santana Carrillo y Juan Dionisio Araujo Saldarriaga comparecieron de forma virtual. Este último rindió una declaración voluntaria. Nicole Bermúdez Peña no intervino porque la Policía Nacional informó que no logró ubicarla para la diligencia judicial.
Con estas intervenciones concluyó la práctica de pruebas de las defensas de las 15 personas naturales y seis empresas procesadas. El Tribunal cerró el debate probatorio y dio paso a los alegatos de clausura.
El proceso continúa contra 15 personas naturales y seis empresas por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles. Las compañías procesadas son Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi.
Durante la etapa de pruebas de las defensas, Aquiles Alvarez rindió su testimonio telemático el 26 de julio de 2026 desde la Unidad Judicial de La Libertad, en Santa Elena.
El alcalde sostuvo que las comercializadoras funcionan como intermediarias entre Petroecuador y las estaciones de servicio. También afirmó que el control sobre el destino final de los combustibles corresponde a las instituciones estatales.
En el juicio participan la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador como acusadores particulares.