
El juicio Triple A se encuentra cerca de cerrar la presentación de pruebas, tras varias jornadas desarrolladas durante julio. En este proceso, son procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a otras 14 personas y seis empresas por la presunta comercialización ilegal de combustibles. La audiencia se reinstalará el domingo 2 de agosto.
Antes de los alegatos finales, el Tribunal intentará recibir los testimonios de dos personas que no comparecieron en las jornadas anteriores.
La Fiscalía sostiene que existieron diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y lo facturado por las estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Según la acusación, el presunto perjuicio para el Estado asciende a 61 502 658,39 dólares, correspondientes a 22 777 191,80 galones de diésel y gasolina. Estos valores forman parte de la teoría fiscal y deberán ser evaluados por el Tribunal.
Inicialmente, fueron llamadas a juicio 16 personas naturales y seis empresas. Sin embargo, el proceso continúa contra 15 personas y las compañías Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi. El juicio contra Fernando Viteri quedó suspendido tras ser declarado prófugo por no presentarse a una audiencia.
La presentación de pruebas por parte de la Fiscalía concluyó en junio, después de exponer 24 testimonios y 110 documentos. Durante julio, comenzó la intervención de las defensas, que presentaron peritos, testigos y documentación para responder a la acusación.
Los abogados de las empresas procesadas sostuvieron que los movimientos de combustibles analizados se encontraban dentro de los rangos permitidos. Sin embargo, la Fiscalía y la ARCH cuestionaron algunos peritajes porque no habrían considerado toda la información emitida por Petroecuador.
#AHORA | #CasoTripleA: se reinstala el juicio contra 15 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por #FiscalíaEc por su presunta participación en el delito de comercialización y distribución ilegal de #Hidrocarburos.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 26, 2026
Continúa la práctica de pruebas de las defensas. pic.twitter.com/tNTz9uK7j5
Además, surgió una controversia alrededor del perito Christian Ojeda. La Fiscalía solicitó revisar los videos de las cámaras del Complejo Judicial Norte para establecer si permaneció en un pasillo mientras declaraba otro testigo.
El Tribunal permitió su testimonio y dispuso la entrega de los audios de las audiencias, aunque aún no resolvió el pedido relacionado con los videos.
Aquiles Alvarez declaró telemáticamente el 26 de julio desde la Unidad Judicial de La Libertad, en Santa Elena. Su defensa había solicitado su traslado a Quito, pero el Tribunal negó el pedido. Durante su intervención, Alvarez sostuvo que las comercializadoras actúan como intermediarias entre Petroecuador y las estaciones de servicio.
Asimismo, afirmó que el control sobre el destino final de los combustibles corresponde a las instituciones estatales. El alcalde aseguró que Copedesa contaba con los permisos necesarios para operar y cuestionó la ausencia de Nicole Bermúdez, exfuncionaria del organismo regulador que presentó la denuncia inicial.
El Tribunal ordenó que Nicole Bermúdez y Juan Alberto Santana comparezcan con apoyo de la fuerza pública. Bermúdez fue solicitada por las defensas de Harsajudi y Fuelcorp, mientras que Santana fue anunciado como testigo para Harsajudi.
Una vez recibidos esos testimonios, las defensas deberán concluir la presentación de sus pruebas. Posteriormente, la Fiscalía, los acusadores particulares y los abogados de los procesados expondrán sus alegatos finales.
La audiencia se reinstalará el domingo 2 de agosto de 2026 para continuar el mismo juicio. No se trata de un nuevo proceso judicial.
El Tribunal intentará recibir los testimonios pendientes de Nicole Bermúdez y Juan Alberto Santana antes de cerrar la presentación de pruebas.
El proceso continúa contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, otras 14 personas y seis empresas.
Las compañías procesadas son Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi. El juicio contra Fernando Viteri quedó suspendido después de que fuera declarado prófugo.
La Fiscalía investiga presuntas diferencias entre el volumen de combustible despachado y el facturado por estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Según la acusación, el perjuicio para el Estado ascendería a 61 502 658,39 dólares, relacionado con 22 777 191,80 galones de diésel y gasolina. Estos valores deberán ser evaluados por el Tribunal.
Aquiles Alvarez sostuvo que las comercializadoras funcionan como intermediarias entre Petroecuador y las estaciones de servicio, y que el control sobre el destino final del combustible corresponde a las instituciones estatales.
También afirmó que Copedesa tenía los permisos necesarios y cuestionó la ausencia de Nicole Bermúdez. La ARCH rechazó su versión sobre supuestas presiones para presentar la denuncia.
Las defensas deberán completar la presentación de sus pruebas.
Después intervendrán la Fiscalía, los acusadores particulares y los abogados de los procesados con sus alegatos finales. Luego corresponderá al Tribunal emitir su decisión.