Fiscalía descarta ‘persecución política’ en el caso Triple A, como dice la defensa de Aquiles Alvarez
Fiscalía concluyó la presentación de pruebas en el caso Triple A y descartó “persecución política” como asegura la defensa de Aquiles Alvarez.
La Fiscalía descartó la persecución política en el caso Triple A, como lo ha sostenido la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, este martes 16 de junio de 2026, tras la conclusión de la presentación de pruebas contra 15 personas naturales y seis empresas involucradas.
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Fiscalía sobre la ´persecución política´ señalada por la defensa de Aquiles Alvarez en el caso Tripe A
La Fiscalía busca demostrar el presunto desvío de combustible subsidiado del segmento automotriz hacia los segmentos industrial y naviero.
Este desvío se habría realizado a través de la comercialización no autorizada de más de 22.7 millones de galones, valorados en 61,5 millones de dólares.
Irregularidades identificadas
- Ventas irregulares a placas inexistentes.
- Despachos de diésel y gasolina a una misma placa.
- Facturación de volúmenes que excedían la capacidad de almacenamiento de estaciones en zonas fronterizas.
Impacto económico del subsidio estatal
En un video difundido este martes, la Fiscalía planteó la pregunta: ¿Por qué es importante? La respuesta fue: “porque ese combustible contaba con subsidio estatal y su presunta comercialización ilegal habría generado un perjuicio económico al Estado”.
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No solo falta administrativa
La Fiscalía enfatizó que no se trata únicamente de una “falta administrativa” y que tampoco se investigó a empresas equivocadas, como ha argumentado la defensa de Aquiles Alvarez.
“La comercialización ilegal de combustibles está tipificada como delito en el COIP”, afirmó la Fiscalía.
Evaluación de pruebas y sentencia
Además, la Fiscalía cuestionó: ¿Las pruebas no demuestran el delito? Y respondió que las pruebas se evaluarán en conjunto, incluyendo testimonios, documentos y pericias que “sustentan la teoría de la Fiscalía”.
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Conclusión sobre persecución política
Finalmente, la Fiscalía manifestó: “No se trata de persecución política; aprovecharse ilegalmente de un subsidio financiado con recursos de todos los ecuatorianos constituye un delito. Ahora corresponde al tribunal valorar todas las pruebas y emitir una sentencia”.
- Informe extra: Fiscalía
