La audiencia para la recolección de testimonios y criterios de especialistas, querellantes y representantes del Estado Ecuatoriano llegó a su fin este 15 de junio del 2021, por el caso derivado de la sentencia del expresidente Rafael Correa contra Diario El Universo, sus directivos y su exdirector de opinión, Emilio Palacio.
Fueron dos días de jornada en la que los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escucharon a las partes. Sin embargo, la resolución final se dará a conocer en hasta ocho semanas. Los alegatos que se expusieron de forma oral deberán ser presentados por escrito en hasta el 16 de julio.
En la jornada de este 15 de junio, la representante de la Procuraduría reconoció la responsabilidad del Estado por la violación al derecho de la libertad de expresión y las irregularidades en el proceso penal en contra del rotativo guayaquileño.
“En base a los hechos descritos, el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por la violación al derecho a la libertad de expresión y pensamiento, a las garantías, a la protección judicial y principio de legalidad en perjuicio del señor Emilio Palacio y los señores Pérez”, precisó en su intervención María Fernanda Álvarez, representante de la Procuraduría.
Agregó que, en el marco de los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos, el Estado reconoce que, en el presente caso, la sanción penal y la indemnización de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias.
“De igual forma, reconoce que lo desproporcionado de la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión, en perjuicio no solamente de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas y medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, con lo cual se configura la violación del artículo 13 de la Convención”, añadió.
Finalmente, Álvarez dijo que al analizar en conjunto las irregularidades del proceso penal, que se han logrado demostrar en este proceso Interamericano, el Estado reconoce que se violaron los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y principio de legalidad. “Este Tribunal deberá darle a ese reconocimiento el efecto jurídico que corresponde”.
Uno de los representantes de los querellantes, Hernán Pérez Loose, en su intervención, leyó las peticiones de los querellantes. Primero, dijo, pidió dejar sin efecto las consecuencias que de ella se derivan, reparar los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas, otorgar becas estudiantiles a los hijos de Emilio Palacio, adecuar la legislación penal sobre la libertad de expresión al derecho internacional conforme a los derechos internacionales de Derechos Humanos.
“Por último, señores magistrados, que al Estado ecuatoriano se obligue fortalecer la independencia del poder judicial conforme a los estándares interamericanos, mediante el ingreso y la estabilidad en la función judicial, eliminando causales abiertas y discrecionales de destitución de jueces”.
Durante el primer día de exposición participaron Emilio Palacio y César Pérez. Palacio, exdirector de Opinión del rotativo guayaquileño, y Pérez, actual gerente general del medio, comparecieron por la demanda se inició por la publicación del artículo ‘No a las mentiras’ (del 6 de febrero de 2011), que abordó la revuelta del 30S.
Palacio, en su intervención, afirmó que sufrió daño físico y sicológico durante este periodo en el que se vio en un “exilio obligado” en Miami, Estados Unidos, ciudad a la que se mudó hace 11 años.
Luego de Palacio, Pérez intervino. Explicó que en la historia del rotativo nunca hubo procesos contra el medio o sus directivos. “Habían existido demandas civiles o penales contra los columnistas que siempre fueron abandonadas en el camino, pero nunca antes se había demandado o acusado penalmente a un directivo por un artículo de opinión de una tercera persona”.
Pérez recordó que la justicia ecuatoriana falló en primera y segunda instancia a favor de Correa y estableció una condena a tres años de prisión a los acusados y al pago de USD 40 millones como indemnización por injurias. En el 2012, y luego de la casación, el exmandatario anunció la remisión de la condena. Según Palacio, el perdón no sirvió de nada.