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Enjuiciados durante correísmo se presentaron ante Fiscalización

Carlos Figueroa compareció a la Comisión de Fiscalización este 9 de agosto. Foto: Asamblea

Cristian Zurita, uno de los autores del libro El Gran Hermano, el veedor Gerardo Portillo y el médico Carlos Figueroa, quienes enfrentaron procesos judiciales en el régimen de Rafael Correa, se presentaron ante la Comisión de Fiscalización este martes 9 de agosto de 2022.

Las comparecencias fueron requeridas por el Consejo de la Judicatura como parte de las pruebas de descargo frente al pedido de juicio político que impulsa el correísmo por un supuesto incumplimiento de funciones en la evaluación y destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en 2019.

Figueroa y Zurita denunciaron que fueron objeto de persecución judicial en el Gobierno de Correa. El primero por haber requerido a la Fiscalía que investigue la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Y Zurita por la publicación del libro El Gran Hermano.

“La justicia estuvo secuestrada, incluso los derechos de un asambleísta fueron irrespetados”, dijo Figueroa, en referencia al juicio que enfrentó junto a Cléver Jiménez, exlegislador de Pachakutik, y también Fernando Villavicencio, actual presidente de la Comisión de Fiscalización.

Figueroa mencionó que era un "clamor de la ciudadanía" que los jueces fuesen evaluados, ya que “los fallos eran realizados desde fuera de los juzgados”.

El periodista Cristian Zurita sostuvo que el expresidente Correa “sabía que si no tomaba posesión de la justicia, efectivamente, se iba a ir preso. Y los resultados están allí porque en el caso El Gran Hermano se develan al menos USD 80 millones en contratos directos a su hermano y aproximadamente unos USD 15 o 20 millones adicionales”, acotó.

Zurita fue sentenciado en 2012 al pago de USD 2 millones junto a Juan Carlos Calderón, el otro autor del libro, por supuesto daño moral contra Correa. Aseguró que exfuncionarios del régimen como los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, Gustavo Jalkh y Alexis Mera, interfirieron en su caso.

Asimismo, Gerardo Portilla, exveedor del caso El Gran Hermano, relató que enfrentó un juicio por daño moral y fue sentenciado a un año de cárcel por un informe que disgustó a Correa.

Balance de los casos

El director de la organización gubernamental Fundamedios, César Ricaurte, reseñó que todos estos hechos constan en un informe de la mesa de la verdad y justicia, que revisó estas causas judiciales.

“Las imputaciones se hicieron utilizando tipos penales graves como terrorismo, sabotaje, resistencia, tipos que han sido poco utilizados en la historia jurídica ecuatoriana o tipos penales abiertos que impedían un verdadero ejercicio del derecho de defensa”, dijo.

Detalló que esta situación “fue aceptada y realizada por un buen número de operadores judiciales”, entre ellos, los jueces Marco Maldonado Castro, Édgar Flores Miel, Luis Meneses Villacreses, Silvia Sánchez Inzuasti, Miguel Jurado Fabara, Richard Villagómez Cabezas, quienes son parte de los jueces evaluados por la Judicatura.

“Existieron casos en los que se acusó a los procesados hasta de 52 tipos penales distintos, impidiendo un verdadero ejercicio del derecho a la defensa (…). La estrategia fundamental de parte del Gobierno fue instaurar varios juicios a la vez, generalmente por injurias o calumnias con indemnizaciones muy altas, a tal punto que se iniciaron juicios también de insolvencia”, anotó.

Sostuvo que desde 2007 se instauró como política de Estado la persecución y acoso en contra de los medios y organizaciones de la sociedad civil.

“Las sustanciaciones de los procesos tenían importantes violaciones al debido proceso, allanamientos, cambios de jueces y fiscales, demoras excesivas en la tramitación, o por el contrario, resoluciones muy aceleradas”, señaló.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), recordó que en algunos casos incluso se incumplieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los testimonios fueron rechazados por Viviana Veloz y Comps Córdova, asambleístas de Unes.

El presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, definió a la evaluación como “el inicio para conseguir una justicia independiente, sin ataduras políticas, que nunca más sea un instrumento de persecución”.

El pedido de juicio político incluye a los vocales Ruth Barreno y Juan Morillo, además de la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.