Desde la izq.: Representantes de Procuraduría, Secretaría Anticorrupción, Fiscalía, Contraloría, Judicatura y UAFE firmaron un acuerdo contra la corrupción, en el 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Era febrero del 2019. Quienes dirigían la Fiscalía, Procuraduría, Controlaría, el Consejo de la Judicatura, Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) aparecieron en una mesa y firmaron un “acuerdo interinstitucional para luchar contra la corrupción”.
Dijeron que eso les permitirá intercambiar datos para las investigaciones penales, coordinar tareas para recuperar el dinero ilegal o colaborar en los procesos judiciales. Se establecieron siete objetivos.
Un año y 11 meses después, los hechos muestran que lo anunciado no tiene avances. Más bien se han producido cuestionamientos entre las entidades. El 20 de mayo pasado, el presidente Lenín Moreno suprimió la Secretaría Anticorrupción, luego de que la Fiscalía criticara las acciones realizadas por esa entidad frente a los casos de corrupción reportados durante la pandemia del covid-19.
En ese entonces, la fiscal Diana Salazar aseguró que los constantes pedidos de información que la Secretaría hacía a los agentes investigadores y la publicación de datos reservados en las redes sociales afectaron a esos procesos.
En junio último, la Fiscal también criticó la actuación de los jueces. Dijo que tras levantar información se comprobó que, en los delitos comunes como robos o estafas, la prisión preventiva se aplica en el 50% de los casos. Pero en ilícitos relacionados con la corrupción se usa solo en el 20%.
En cambio, los magistrados aseguraron que son los fiscales quienes no solicitan el arresto de los procesados.
En junio del año anterior, la Asociación de Jueces del Ecuador, a través de un comunicado, pidió a la Fiscalía General que “respete las decisiones y la esfera de competencia de los magistrados”.
La Procuraduría también señaló que los tiempos que maneja la Función Judicial para ordenar el embargo y remate de los bienes “suelen ser prolongados” y que no permiten agilitar la recuperación del dinero de la corrupción.
Actualmente, la Procuraduría General gestiona la recuperación de USD 105 millones en siete casos. Solo en dos ha logrado embargar y recuperar USD 3,9 millones. En el resto, aún se rastrean las propiedades o se espera un pronunciamiento judicial para avanzar.
En diciembre pasado, el Consejo de la Judicatura respondió a la Procuraduría y dijo que no tiene competencia en las decisiones judiciales. Señaló que el tiempo que se toman los magistrados para emitir sus pronunciamientos depende de cada uno y que la entidad no puede intervenir.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, sostiene que el convenio interinstitucional no funcionó y que su aplicación ha tenido deficiencias.
Actualmente, solo tres funcionarios que firmaron el documento siguen en esos puestos. Tres meses después de que arrancara la iniciativa, Ruth Palacios, la fiscal general de ese entonces, dejó el cargo. Igual ocurrió con la representante de la UAFE.
Rodas advierte que hay que ser más ágiles para recuperar los dineros ilegales. El Estado tiene en su poder apenas 28 bienes de tres tramas ilegales.
Pero desde el 2015 hasta noviembre del 2020, a la Fiscalía ingresaron 6 345 denuncias por cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado y tráfico de influencias.
Este Diario consultó con las cinco entidades que aún forman parte del convenio (la Secretaria Anticorrupción ya no existe). Solo tres respondieron sobre las acciones que han emprendido a partir de la iniciativa del 2019. Por ejemplo, la Contraloría y la UAFE dijeron que han intercambiado información para exámenes especiales e investigaciones.
La Judicatura, en cambio, aseguró que “más allá del convenio firmado” la entidad ha planteado nuevas iniciativas anticorrupción. Una es organizar la Mesa de Lucha contra la Corrupción. Esta arrancará el próximo 13 de enero.
