Los mandatarios de 10 países, entre los que está Ecuador, hicieron una declaración conjunta en la que pidieron al FMI y a organismos financieros regionales más soluciones contra los efectos económicos de la pandemia del covid-19. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.
Los jefes de Estado y de Gobierno de 11 países, entre ellos el de Ecuador, suscribieron este 24 de junio del 2020 una iniciativa para enfrentar el impacto económico del covid-19, que apela a un mayor apoyo financiero y técnico.
Durante el encuentro, que se dio de manera virtual, el presidente Lenín Moreno manifestó que se requieren acciones excepcionales frente a la crisis.
“Queremos abogar para que las economías con más recursos autoricen una emisión sustancial de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional que motiven la compra de papeles en condiciones favorables, emitidos especialmente para atender las crisis, la solidaridad de los países de mayores ingresos con los que menos tienen y el trabajo conjunto debe ser el camino a seguir”, dijo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, coincidió en que se deben fortalecer los organismos multilaterales de crédito, diseñar productos financieros novedosos y adecuar las calificaciones crediticias de los países de América Latina a la realidad ocasionada por la pandemia del covid-19 .
Duque pidió no usar en esta situación el término moratoria, “porque América Latina ha sabido diferenciarse y no queremos volver a tener crisis sistémicas, ni volver a discursos y adjetivos que se utilizaron de manera errática en los años 80″.
La discusión de la iniciativa ‘Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la covid-19‘ se dio vía telemática y fue convocada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Entre quienes participaron también estuvieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Costa Rica, Carlos Alvarado; Chile, Sebastián Piñera; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Perú, Martín Vizcarra; República Dominicana, Danilo Medina, y Uruguay, Luis Lacalle Pou, así como Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados y Presidenta de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Además, intervinieron la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi; el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza; la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena, y la secretaria General Iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan.
En su parte fundamental la declaración tiene seis puntos y son:
– Ampliar el margen fiscal mediante préstamos de largo plazo en condiciones adecuadas, garantías para relanzar la actividad económica y estudiar posibles reestructuraciones de pagos de deuda, caso por caso, a países altamente endeudados como consecuencia de la pandemia.
-Garantizar la liquidez facilitando el acceso a líneas swap de divisas, emitiendo y reasignando derechos especiales de giro y proporcionando líneas de crédito de rápido acceso.
-Extender garantías para apoyar la financiación mixta de inversiones sostenibles y crear mecanismos para estabilizar los flujos de capital.
En cuanto a los instrumentos que permitan reforzar los sistemas de salud y de protección social, proponemos:
–Préstamos blandos, posibles donaciones bilaterales y reasignación de recursos previamente aprobados para reforzar urgentemente las capacidades presentes y futuras de los sistemas de salud nacionales.
-Préstamos blandos, posibles donaciones bilaterales y reasignación de recursos previamente aprobados para financiar, entre otros: a) programas de reactivación productiva, incluida la mejora de la infraestructura fronteriza que fomente mayor integración regional; b) apoyo al empleo y fortalecimiento de los sistemas de protección social; y c) sostén a las micro, pequeñas y medianas empresas, con especial atención a aumentar su inserción internacional e integración en cadenas globales de valor.
-Asistencia técnica para fortalecer los sistemas de protección social, reforzar la capacidad de gestión y aumentar la progresividad de los sistemas fiscales, de forma que las políticas sociales sean aún más efectivas y orientadas a los más vulnerables y se mejore la eficiencia y calidad del gasto público.
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