La Defensoría Pública presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura este martes 19 de abril de 2022. La entidad cuestiona la presunta irregularidad en el sorteo de la acción judicial que tramitó un juez de Guayaquil. El fallo favorece a Ángel Jarrín, para que sea designado como defensor subrogante.
El actual defensor Público encargado desde el 31 de agosto de 2018 es Ángel Torres. “Como Defensoría Pública hemos presentado ante el Consejo de la Judicatura para que realice las investigaciones del caso, respecto de este sorteo irregular que se presume”, dijo Marco Maldonado, director Jurídico de la Defensoría Pública, en rueda de prensa.
El funcionario cuestionó que el sorteo se realice de manera manual. Se refiere a la acción de protección que presentó Jarrín, uno de los postulantes al cargo. Por lo que Juan Carlos Terán, juez de garantías penales de la Unidad Judicial Florida Norte de Guayaquil, le otorgó medidas cautelares.
Encargo de la Defensoría Pública
El director Jurídico de la Defensoría señaló que la disposición judicial contraviene la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, tres medidas cautelares, un dictamen de la Corte Constitucional y otro de la Procuraduría General del Estado que avalan a Torres en el cargo.
La resolución judicial a favor de Jarrín indica que se le debe designar como titular de la Defensoría. Uno de los argumentos de la parte accionante es que Jarrín obtuvo 99,69 puntos en el concurso de designación de defensores públicos a nivel nacional, mientras que Torres alcanzó 93,03.
Sin embargo, Maldonado insistió en que la designación de un nuevo titular de la Defensoría será posible solo cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) culmine el concurso en marcha. La subrogación se puede realizar cuando se elija al titular y esa selección corresponde al Consejo de la Judicatura, explicó.
“Desde que se realizó el concurso de méritos y oposición en el 2015, para ingresar a la carrera defensorial, no se ha realizado la evaluación ni la categorización de los defensores públicos. Por lo que el puntaje que alega Jarrín no es de la evaluación ni de la categorización”, aclaró el funcionario.
Desde el 14 de abril, cuando se conoció la resolución, la defensa de Jarrín, Joselito Argüello, advirtió al Cpccs que si no acata el fallo tomará las acciones penales correspondientes.
Maldonado ratificó que el encargo de Torres en la Defensoría fue otorgado por el Consejo de Participación transitorio y esas decisiones fueron blindadas por la Corte Constitucional. Por lo tanto, Torres continuará en el cargo hasta la nueva designación del Cpccs.