El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), informó que este martes, 19 de abril de 2022, fue notificado por la Fiscalía General del Estado sobre el inicio de una investigación en su contra por supuesta arrogación de funciones.
El proceso tiene que ver con la denuncia penal que presentó la presidenta de esta Función, Guadalupe Llori (PK), el pasado 8 de abril, y que también involucra a los vocales Ronny Aleaga (Unes) y Darwin Pereira (PK).
“Acabo de ser notificado con el inicio de una investigación fiscal en el tema de la supuesta arrogación de funciones. Es un absurdo”, indicó Saquicela.
Notificación de la Fiscalía
La Fiscalía le requirió que designe un casillero, según explicó a este Diario, aunque todavía no ha sido convocado a rendir versiones.
Entretanto, Saquicela fustigó a la acción de protección que fue presentada por la presidenta Llori, el jueves 14 de abril, con el propósito de que se suspendan los efectos de la resolución del CAL que calificó la denuncia presentada por Esteban Torres (PSC).
Aunque dijo que todavía no han recibido una notificación sobre este proceso, aseguró que concurrirá personalmente en calidad de abogado para defender sus actuaciones en el juzgado.
“Es negativo que la justicia se ande entrometiendo en la Función Legislativa”, apuntó Saquicela. “La acción de protección no cabe en temas de legalidad. Es decir, si se impugna la legalidad del procedimiento, cambio del orden del día, derecho a la defensa de la Presidenta, tendría que ir al tribunal contencioso administrativo”, precisó.
Johanna Moreira (ID), vocal del CAL, rechazó que la presidenta Llori haya recurrido a la justicia ordinaria para frenar un proceso de evaluación. Insistió a la Judicatura a vigilar la actuación de los jueces en estos casos.
Apoyo al proceso judicial
Por su parte, el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, defendió los recursos interpuestos por Llori y aseguró que estos responden a que la mayoría del CAL ha incurrido en violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Desde hace dos meses, Llori libra una “batalla legal” contra el PSC, Unes y asambleístas del ala radical de Pachakutik, que buscan removerla del cargo.
La Presidenta restó validez a la calificación de una denuncia presentada en su contra por Esteban Torres (Psc), por lo que aún no convoca al Pleno para conocer esta causa y conformar una comisión pluripartidista de investigación.