Cuatro proyectos de reformas para modernizar la normativa laboral
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores analiza las reformas al Código del Trabajo que han sido presentadas. Foto: Asamblea Nacional
Después de 11 meses en el poder, el Gobierno de Guillermo Lasso aún no envía a la Asamblea su proyecto de reformas laborales. Pese a que fue anunciado desde el inicio de su gestión, aún no hay fecha definida.
Pero esa no es la única iniciativa. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, hay tres proyectos para reformar la normativa. Dos de ellos se presentaron en la Legislatura pasada.
Según la presidenta de la mesa legislativa, Rina Campain (Creo), hay un tercer proyecto que fue presentado por el asambleísta Salvador Quishpe, de Pachakutik (PK). Es decir, con la iniciativa que enviaría el Ejecutivo, habría cuatro propuestas para discutir.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó su iniciativa el periodo pasado. El documento es su base para intentar acordar cambios con el Ejecutivo, antes de que envíe su propuesta al Legislativo.
El próximo 5 de mayo habrá una nueva reunión. Diego Ordóñez, consejero presidencial, y los dirigentes del FUT se sentarán a la mesa para comparar la legislación actual con las dos propuestas.
Sin embargo, ninguno está dispuesto a ceder. Ordóñez reconoce que “las posiciones están muy distantes”. Dice que los trabajadores se mantienen en su planteamiento de un nuevo Código del Trabajo.
Para el Gobierno, la actual normativa tiene limitaciones y restricciones, lo que no permite una legislación más flexible. Por ejemplo, no se puede contratar por horas y así acomodar jornadas laborales.
Por su parte José Villavicencio, uno de los dirigentes del FUT, señala que tras la reunión de la siguiente semana se analizará la continuidad de los diálogos.
Los planteamientos
El Gobierno busca flexibilizar las modalidades de contratación. El Consejero presidencial dijo que se requieren otras formas que se acomoden a las diferentes actividades productivas.
Esos cambios están pensados para pequeñas y medianas empresas, que ven en la actual legislación trabas para la contratación.
No tienen una estimación de cuántos empleos puede generar. Sin embargo, considera que eso, sumado al crecimiento de la economía y los contratos de inversión que ahora bordean los USD 5 000 millones, generará un ambiente positivo para el empleo.
Para el FUT, lo que se requiere es un nuevo Código. Entre sus principales planteamientos están la jubilación patronal acumulativa, para que una persona sume ese derecho a trabajar en distintas empresas. Así, ese trabajador accedería al beneficio en 25 años.
También buscan que los sindicatos se formen con 10 trabajadores. Hay diferencias con el Gobierno en el desahucio, la indemnización por despido intempestivo y la distribución de las 40 horas laborales.
Los proyectos en la Comisión
Rina Campain afirma que se mantienen conversaciones con el Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento no se conoce formalmente sobre la propuesta. Mientras tanto, el documento del FUT está en tratamiento.
En la última sesión de la comisión, dice Campain, se acordó una convocatoria a mesas de trabajo. Sin embargo, ninguna de las tres propuestas que reposan están listas para pasar a primer debate.
Marcela Holguín (correísmo) manifiesta que en la última reunión que los representantes de las bancadas tuvieron con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se habló de la normativa.
Ella solicitó que cuando se envíe la reforma, su tratamiento llegue a la Comisión de los Trabajadores. La legisladora adelantó que no apoyarán cambios que sean regresivos en derechos como, por ejemplo, no tener un salario básico unificado y acceso a seguridad social.
Unificación de propuestas
Una vez que llegue la propuesta del Gobierno, una de las opciones es que se unifiquen las propuestas que sean iguales. Después tendrán que hacer un informe para primer debate. El Pleno lo discutirá y volverá a la Comisión. Con los aportes se emitirá otro informe para el segundo debate. Ahí, todo depende la votación en el Pleno.
El Gobierno no es optimista. Ordóñez señala que no identifica un momento adecuado para el tratamiento de la ley. Mencionó que hay “una anarquía legislativa”.
