La crisis carcelaria llegó a debate al Pleno de la Asamblea con dos informes divergentes y hasta denuncias de chantajes. La mayoría de la Comisión de Seguridad defendió sus conclusiones, mientras el correísmo buscó excluir del análisis al Gobierno de Rafael Correa.
Al secretario del Parlamento le tomó varias horas leer el expediente de más de 500 páginas (continuaba al cierre de esta nota), pero los legisladores empezaron a definir sus posturas antes de que arrancara el análisis en el hemiciclo este miércoles 17 de noviembre del 2021.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), defendió el informe aprobado con seis votos a favor en esta mesa (dos independientes, dos ID, uno Creo y un PSC), que analizó el sistema carcelario desde 2016 y determinó varias omisiones e irregularidades de las autoridades de turno.
“Creemos que le falta más acción al Estado, más proactividad, creemos que ha cometido algunas imprecisiones en la delegación o en la asignación de varias autoridades”, expresó Narváez.
A su vez, el legislador denunció que en el Parlamento “hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas, tanto del presente como del pasado, y eso no es lo adecuado”.
“Lamentaría mucho que se politice algo muy importante como la crisis carcelaria, lamentaría mucho que algunos sectores políticos lo que busquen es ocultar la verdad. Yo como Presidente de la Comisión seré transparente con el país y no voy a ceder a ningún tipo de chantaje”, dijo en rueda de prensa.
El oficialista Jorge Pinto cuestionó que el bloque correísta de UNES presentara un informe de minoría para que no se tome en cuenta lo ocurrido en los años 2015 y 2016, último periodo de gestión de Rafael Correa, donde se hicieron varias reformas al sistema carcelario.
“¿Cómo podemos hacer una conclusión, si no tenemos las autoridades que estuvieron en esa época y que nos respondan cómo se trató el sistema penitenciario, y solamente se ha llamado a comparecencia que estuvieron desde 2019-2020-2021?”, replicó Patricia Núñez (UNES), integrante de la Comisión.
Por esa razón, dijo, “nosotros hemos querido conveniente elaborar un informe de minoría que sí responda al trabajo que realmente se hizo”. Sin embargo, Pinto insistió: “Esta es una responsabilidad del Estado y la responsabilidad del Estado como tal es de todas las instituciones, y por supuesto los gobiernos que han venido pasando durante todos estos años”.
El socialcristiano Jorge Abedrabbo instó a los legisladores “a dejar a un lado las banderas políticas” y Johana Moreira (ID) sostuvo que “es deber de esta Asamblea Nacional de presentar las recomendaciones que se deben tomar urgentes”.
“No se trata ahora de tratar (sic) de deslindarnos de responsabilidad o tratar de proteger a gobiernos anteriores, tampoco de proteger al actual; el Gobierno actual tiene responsabilidad por la omisión de sus acciones, incluso de irresponsabilidad que ha cometido, y va a tener que responder”, anotó.
Las recomendaciones que se debatirán en el Pleno apuntan a juicios políticos y al envío de esta información a la Contraloría General del Estado.
Reformas penales
En relación a las reformas penales sugeridas por el Gobierno para penas más severas a los líderes de organizaciones delincuenciales por hechos como los ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, también hubo criterios divergentes.
“La ampliación de este tipo de tipo penal o de esta autoría en cuanto a un grado de participación en un tipo penal, lo que va a permitir es perseguir este tipo de delitos”, señaló Ana Belén Cordero (Creo).
Sin embargo, el jefe de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, consideró que lo que se requiere es que “los operadores de justicia apliquen de manera adecuada las normas”.
Pachakutik llamó a que el Ejecutivo acelere el trámite de indultos a líderes sociales. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), señaló que una de las prioridades de esta Función serán las amnistías.
Antes de arrancar el debate, Viviana Hidrovo, coordinadora de la alianza de Derechos Humanos, acudió al hemiciclo y pidió al Parlamento que aporte soluciones al hacinamiento carcelario, que tramite una ley de reparación para las familias de las víctimas de las masacres carcelarias y que no se use el derecho penal para criminalizar a los activistas sociales.
