El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la directora jurídica de la Asociación de Municipalidades (AME), Karín Jaramillo, y defensores de Derechos Humanos plantearon ajustes al proyecto de Ley para el uso progresivo de la fuerza que se tramita en la Asamblea.
Las observaciones fueron presentadas este lunes 7 de febrero del 2022 a la Comisión legislativa de Seguridad. En esa mesa se prepara un informe para el primer debate en el Pleno, con base en tres iniciativas de asambleístas, a la espera de que el CAL decida sobre otro proyecto del Ejecutivo.
En su intervención, el Presidente de la Corte Nacional solicitó que en el proyecto se aclare “cómo va a actuar la Fuerza Pública en caso de que un grupo de ciudadanos esté haciendo uso de su derecho a la protesta”.
Saquicela consideró que es “demasiado amplio y ambiguo” el planteamiento de que no se usará la fuerza, siempre que no se estén afectando servicios públicos y derechos de terceros. “Valdría la pena delimitar, precisar este aspecto”.
Otras observaciones
La expresidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) Sylvia Bonilla pidió precisiones en esta norma sobre cómo debe entenderse el rol complementario de las Fuerzas Armadas y excepciones en relación al uso progresivo de la fuerza.
“Me preocupa que en estos nuevos proyectos se quiera volver a introducir una disposición en donde se dé un rol complementario a las Fuerzas Armadas. Eso ya fue declarado inconstitucional”, en la sentencia del 5 de mayo de 2021, señaló.
A su juicio, el recurso debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger.
Billi Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), dijo que la solución a la inseguridad no se dará con la expedición de una Ley, sino que se deben analizar los aspectos estructurales de la sociedad ecuatoriana. “La criminalidad es expresión de conflictos que no se han atendido debidamente”, señaló.
Cuestionamientos a que uniformados locales actúen
Sobre la posibilidad de que los agentes de tránsito y guardias municipales puedan también participar de acciones en materia de seguridad ciudadana, la directora jurídica de la AME, Karín Jaramillo, puso reparos, pues señaló que esta no es una competencia de los gobiernos locales sino del Estado central.
“Hay un desconocimiento del régimen de competencias”, manifestó y dijo que se requiere de otra ley si se quiere atribuir otros deberes, funciones y responsabilidades a los municipios, con los recursos correspondientes.
Jaramillo sostiene que “hay un intento de interferencia en la autonomía administrativa, financiera y política de los gobiernos locales”, lo que iría en contra del art. 238 de la Constitución y el Código Orgánico Territorial (Cootad).
“Son sectores privativos (del Gobierno Central), la defensa nacional, la protección interna y el orden público, que no es lo mismo el control del uso de suelo de los cantones”, adujo.
El Presidente de la Corte Nacional acotó que es importante primero trabajar en el eje de prevención y después en una coordinación con los gobiernos locales.