Los pedidos de juicio político en contra del contralor subrogante, Carlos Riofrío, y el procurador, Íñigo Salvador, en su orden, serán tramitados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Los legisladores procesarán el requerimiento, una vez aprobado el informe sobre la situación de la superintendente de Bancos, Ruth Arregui.
El asambleísta Pedro Velasco (Independiente), integrante de la Comisión, dijo este lunes 7 de febrero del 2022 que para estos procesos se seguirá el orden de prelación con el que fueron calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), pues no puede tramitarse más de uno a la vez.
Eso quiere decir que el siguiente funcionario en enfrentar una solicitud de interpelación será el titular de la Contraloría antes que el Procurador General del Estado. Ambos son señalados por asambleístas del correísmo sobre un supuesto incumplimiento de funciones.
El proceso contra Riofrío se dará en medio del concurso de méritos y oposición, para designar al reemplazo del funcionario, quien asumirá a partir de marzo del 2022.
Al contralor se lo señala por un supuesto incumplimiento de funciones, luego de que en las redes sociales de Contraloría se anunciara que las contrataciones menores a USD 900 000 no requerirán informe previo. A criterio del interpelante Ronny Aleaga (Unión por la Esperanza, Unes), la medida “implicaría una reforma a la Ley de la Institución”.
En relación a la solicitud de interpelación que impulsan asambleístas de Pachakutik en contra de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), por supuestas irregularidades en las pasadas elecciones generales, la Comisión todavía no ha sido notificada por el CAL sobre la aceptación del trámite que se dio el 24 de noviembre del 2021.
Las autoridades del organismo arrancaron el sábado 5 de febrero pasado con la organización de los comicios seccionales 2022. El Código de la Democracia blinda a los consejeros electorales de ser interpelados por la Asamblea en época electoral.
Caso Súper de Bancos
El asambleísta Velasco rechazó las críticas de legisladores de Unes y Pachakutik a la Comisión por haber recomendado el archivo de la solicitud contra Arregui, pues sostuvo que el interpelante, Darwin Pereira (PK), no logró sustentar sus acusaciones.
El legislador refirió, por ejemplo, que en el proceso se evidenció que sí se hicieron las acciones de control respectivas. Además, sostuvo, se impusieron multas en lo que corresponde a la Superintendencia de Bancos en el caso ‘Big Money’, sobre una presunta captadora ilegal de dinero.
Respecto a las denuncias de cobros indebidos en instituciones del sistema financiero, manifestó que no se pudo establecer una responsabilidad directa de la Superintendencia, sino una relación cliente-banco. “A veces por mal uso de las tarjetas, de las claves”.
“De acuerdo con la información que fuimos verificando en las comparecencias, la Superintendencia hizo los requerimientos a las instituciones financieras a través de la Defensoría del cliente. Se aceptaron los reclamos, las quejas se trasladaron a las instituciones financieras y en la mayor parte se solucionaron los problemas”, afirmó.
El informe fue aprobado con aportes de los asambleístas Ana Belén Cordero (Creo), María Soledad Diab (Partido Social Cristiano, PSC), Pedro Velasco (Ind.), Marco Troya (Ind.) y Fernando Villavicencio (Ind.).
Velasco recordó que los informes de la Comisión no son vinculantes, por lo que corresponderá al Pleno, con una mayoría absoluta (70 votos), resolver si Arregui debe enfrentar el juicio político para una posible censura y destitución. A la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), le corresponde convocar a la sesión en un plazo de cinco días.
En los nueve meses del actual período legislativo se han censurado, a través de juicio político, a tres funcionarios: al excontralor Pablo Celi, al exdefensor del Pueblo Freddy Carrión y al exministro de Energía René Ortiz.