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Asambleísta cuestiona a Superintendenta por control en fraudes informáticos

El asambleísta de Pachakutik, Darwin Pereira, habló de los motivos por los que impulsa el juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. Foto: Twitter Asamblea Nacional

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea avanza en la fase de pruebas, como parte del pedido del juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. El interpelante, Darwin Pereira de Pachakutik, presentó las causales para el proceso este miércoles 26 de enero del 2022. 

En una sesión que se desarrolló por videoconferencia, Pereira dijo que esta solicitud se basa en ocho causales; entre ellas, una supuesta falta de control y vigilancia de actividades en el sistema financiero, así como a entidades dedicadas a esta actividad sin autorización como el caso de la supuesta captadora de dinero denominada ‘Big Money’

También cuestionó el rol de la Superintendencia frente a los reclamos y quejas de usuarios por fraude informático, sustracción de dinero de las cuentas en la banca privada, así como en casos de renegociación de deudas entre usuarios y las entidades financieras que habrían incurrido en anatocismo, es decir, cobro de interés sobre interés

Según Pereira, más de 20 000 personas fueron perjudicadas por, supuestas infracciones de los bancos, sin que el ente de control aplicara sanciones. El asambleísta sostiene que el año pasado se registraron 280 613 reclamos por fraude informático y que la Superintendencia de Bancos no habría realizado una auditoría

 “La Superintendencia nuevamente en un afán de proteger a los bancos, no entendemos por qué. No nos dice cuáles son los bancos de los que ha recibido reclamos”, señaló. 

El asambleísta de Pachakutik señaló como otra causal las supuestas irregularidades dentro del concurso para completar las vacantes de defensores del cliente. Sin embargo, funcionarios del ente de control y veedores defendieron los procesos. 

Además, el interpelante aludió al caso de Jorge Madera, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y sostuvo que el funcionario fue calificado por la Superintendencia, a pesar de que habría incurrido en inhabilidades

Por último, cuestionó la firma de un acuerdo por USD 100 000 entre la Superintendencia y una empresa privada para cooperación técnica.  

La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, en su defensa, manifestó que “carecen de sustento” cada una de las acusaciones presentadas por el asambleísta Pereira. Incluso presentó videos testimoniales de usuarios conformes con las labores de la entidad.

En lo que tiene que ver a una supuesta falta de control a instituciones dedicadas a actividades financieras sin autorización, Arregui reveló que este organismo ha emitido 126 alertas que constan en su portal web desde 2016 hasta este año 2022, cuando se conoció de IX Inversores.

La funcionaria señaló que 61 de ellas fueron remitidas en los últimos seis meses a la Fiscalía General del Estado y otras 65 a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para sus investigaciones, desde que ella asumió el cargo el 30 de abril de 2019.

De este total, siete alertas se generaron en 2019 por Coop Nacional de Créditos, Renta Créditos EC, Unión Bancaria, Ecua Créditos; otras 21 se dieron en 2020 por entidades ilegales como Créditos Pichincha y Ecuabank; y, 36 más en 2021, incluyendo el caso Big Money.

“Eso forma del listado que exhibe la Superintendencia de Bancos en su portal electrónico, una vez que se ha hecho el proceso de revisión de estas alertas. Las alertas se producen, ya sea por ciudadanos o por instituciones que ponen en conocimiento de la Superintendencia de Bancos”, dijo.

La funcionaria señaló que “estamos hablando de instituciones que, sin estar autorizadas, hacen actividades financieras” y que “algunas son solamente fachadas para poder sustraer las claves de los usuarios mediante portales virtuales, o mediante SMS o WhatsApp. “Por lo general, no tienen direcciones físicas”, señaló.

También dijo que en el periodo comprendido entre abril de 2019 y el 31 de mayo de 2021, la Superintendencia recibió más de 280 000 reclamos y que de ellos el 92% se resolvió a favor del cliente.

Con la intervención de Arregui, la Comisión cerró la fase de comparecencias y en un plazo de cinco días deberá elaborar un informe para resolución del Pleno.