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Ministro de Defensa pidió a la Asamblea definiciones sobre el uso de la fuerza y defendió cooperación

Durante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza. Luis Hernández, ministro de Defensa Nacional; Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y Fausto Cobo, director general del Centro de Inteligencia Estratégica. Foto: Fernando Sandoval / Asamblea Nacional / Flickr

“Las leyes tienen que permitir, obviamente respetando todos los derechos humanos, todo procedimiento democrático que tanto nos ha costado, responder adecuadamente y estar a la altura de lo que significan las amenazas”, dijo el ministro de Defensa, Luis Hernández. 

El funcionario, un general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, presentó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea sus observaciones sobre el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Lo hizo por videoconferencia este viernes, 28 de enero del 2022. 

Hernández requirió “que el alcance de la norma en construcción defina cuáles son las instituciones facultadas para hacer uso progresivo de la fuerza”.  

“Esta ley debe regular el accionar de las Fuerzas Armadas en totas las operaciones militares que ejecuten en un cumplimiento de su misión constitucional. Y en apoyo a otras instituciones del Estado, y no únicamente en estado de excepción”, señaló. 

El Ministro recordó que actualmente las Fuerzas Armadas trabajan en coordinación con la Policía y otras instituciones, por lo que se requiere de esta norma.  

“Ahora está cada vez apareciendo un nuevo concepto: el control del territorio. El Estado tiene que controlar su territorio y dentro de ese concepto las Fuerzas Armadas son talvez las mejor equipadas para hacer ese tipo de operación”, señaló. 

También requirió de los legisladores “que, en la estructura de la ley, a más de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad se incluya el de humanidad”, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en una sentencia. 

Patrocinio legal 

Otro de los pedidos fue que se incluya el patrocinio institucional como un derecho para el uniformado que en el ejercicio de su deber haya sido procesado por la justicia.  

“Se refiere a que el personal en cumplimiento de su misión tenga que enfrentar la justicia cuente con un patrocinio institucional. Esto no significa que va a haber una erogación económica adicional, sino que la institución tiene su propio estamento de abogados que pueden ayudar a este patrocinio”, adujo. 

Agentes aduaneros  

La directora del Servicio Nacional de Aduanas, Carola Ríos, también compareció a la Comisión y pidió que en el proyecto de ley se especifique el rol de los miembros del cuerpo de vigilancia aduanera. 

“Para nosotros es fundamental hacer notar que hay que visibilizar tanto al cuerpo de vigilancia aduanera como una entidad complementaria de seguridad de la Función Ejecutiva y las otras entidades que pertenecen a los Gads municipalidades y metropolitanos”, mencionó. 

Propuesta del Ejecutivo 

Si bien las observaciones presentadas por los funcionarios se dieron en relación a los tres proyectos de iniciativa legislativa que se tramitan para regular el uso progresivo de la fuerza, entre los comisionados se generó un debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que el Ejecutivo remitió a la Asamblea el martes pasado. 

En esta propuesta, que aún no es admitida a trámite, se contempla que “en la ejecución de tareas para prevenir y combatir al crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia, la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con la cooperación de las Fuerzas Armadas”. 

El oficialista Jorge Pinto explicó que el texto alude a una cooperación y coordinación entre instituciones, pero el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), consideró que se pretendería llevar a una subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía.