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Corte Constitucional se alista para su primera renovación

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional (de izquierda a derecha) son: Karla Andrade, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Alí Lozada, Hernán Salgado (presidente), Daniela Salazar, Carmen Corral, Teresa Nuques y Enrique Herrería. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional (CC) se inicia el viernes 27 de agosto del 2021.

La Comisión Calificadora del proceso será posesionada por Danilo Sylva, titular de la Función de Transparencia.

La Comisión está conformada por Édgar Neira y Duna Martínez, en representación del Presidente de la República. También la integran Medardo Oleas y Luis Fernández, delegados de la Asamblea Nacional. La completan Vanessa Aguirre y Rafael Oyarte, designados por la Función de Transparencia y Control Social.

Esa instancia se encargará de llevar a cabo el sorteo que definirá a los tres jueces que saldrán del organismo. También organizará el concurso de méritos y oposición para designar a los tres nuevos magistrados.

Los nueve jueces de la CC iniciaron funciones el 5 de febrero del 2019. La Constitución establece que el ente se renovará por tercios, cada tres años: el cambio se debe realizar el 5 de febrero del 2022.

Según datos de la CC, en el inicio del periodo heredaron 2 088 casos rezagados de la Corte anterior. De ellos, un total de 1 631 correspondían a acciones de protección.

La actual Corte Constitucional asegura que ya se resolvieron 565 de esos procesos que estaban pendientes desde hace varios años atrás.

El constitucionalista André Benavides cree que el balance de estos tres años de la CC, en líneas generales, es positivo.

En el 2019, la CC emitió 475 sentencias de distinto tipo. En el 2020 fueron 910.

Pese a ello, Benavides identifica tres “deudas”. La primera -asegura- es el establecimiento de reglas jurisprudenciales respecto de las garantías jurisdiccionales. Menciona que eso evitaría que se produzcan enredos, como el que vive la Alcaldía de Quito.

Un tribunal de la CC, integrado por los jueces Karla Andrade, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, podría destrabar la controversia jurídica por el Municipio capitalino, entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas, quien ingresó una acción extraordinaria de protección. “Es importante que la Corte dicte jurisprudencia que va a ser aplicada por los jueces ordinarios, para evitar lo que está pasando en el caso Yunda”, explica Benavides.

La segunda deuda tiene que ver con el control constitucional. Dice que la CC “engavetó” demandas de inconstitucionalidad que pueden resultar incómodas. Por ejemplo, la relacionada con la ley de progresividad y simplificación tributaria, vigente desde el 2019.

La tercera -agrega- tiene que ver con las sentencias que “han rebasado competencias constitucionales”. Cita el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de las FF.AA. y Policía. “Es llamativa porque les dio la potestad de presentar proyectos de Ley al Isspol y al Issfa”.

A mediados de agosto, el Pleno de la CC aprobó el reglamento para el sorteo que definirá la salida de tres jueces.

Ahí se determina que desde la convocatoria al sorteo y hasta antes de llevarlo a cabo, los jueces podrán expresar voluntariamente si desean concluir su período de funciones, sin que esto sea interpretado como una “renuncia al cargo”. Esa salvedad generó críticas, pues abre la opción de tres escenarios para el sorteo.

Medardo Oleas, integrante de la Comisión Calificadora, anuncia que solicitará una reunión con el Pleno de la CC para tener claros los conceptos. “Esa interpretación de la Corte será materia de análisis”.

Rafael Oyarte, otro de los miembros de la Comisión Calificadora, explicó que si un juez se va antes del concurso, tiene que ser reemplazado por el magistrado del banco de elegibles. Y ese reemplazante ingresará al sorteo.

Una vez posesionada la Comisión Calificadora, el siguiente paso será elaborar el reglamento del concurso. Ahí se definirá el puntaje que se otorga a los méritos que, según Oyarte, no puede tener una valoración superior al 30%.

Oleas propone evaluar los antecedentes éticos, como el pago del impuesto a la renta o la declaración patrimonial de los postulantes.

Cuando estén listos los reglamentos, la Comisión convocará al Ejecutivo, Legislativo y Transparencia, para que envíen a sus candidatos.

Para evitar “cualquier influencia”, Oleas espera que el proceso de renovación termine en tres meses.