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Otro escenario se abre para la disputa en el Consejo de la Judicatura. El próximo jueves, 8 de septiembre del 2022, se realizará la audiencia en donde la jueza constitucional Carmen Corral escuchará a las partes involucradas en el caso presentado por Álvaro Román.
Román presentó una acción de protección que fue negada en primera y segunda instancia. Planteó la vulneración de sus derechos ya que argumenta que él debía asumir la Presidencia de la Judicatura tras la salida de la extitular María del Carmen Maldonado.
Actualmente, Fausto Murillo ocupa el puesto en calidad de encargado. La Ley Orgánica de la Función Judicial señala que quien debe ocupar el cargo es el suplente. Sin embargo, Maldonado fue nombrada por el Consejo de Participación Transitorio y los otros dos nombres que integraban la terna fueron descalificados.
Par solventar esto se tomó el nombre de Román quien era parte de terna de la Fiscalía General. Esa es la base con la que Román señala que le corresponde el puesto.
Después de que su recurso fue negado en dos instancias, Román optó por presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). Ahora, el caso tendrá un pronunciamiento del máximo órgano de interpretación constitucional del Ecuador.
La convocatoria está hecha para el jueves 8 de septiembre a las 10:00 de forma telemática. Están convocados Román, los jueces de la Unidad Judicial Civil, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General y quienes actuarán mediante amicus curiae.
La constitucionalista Ximena Ro explica que esta diligencia es para escuchar a las partes. No se emitirá aún una sentencia. Después de la audiencia la Jueza a cargo elaborará un proyecto de sentencia sobre la cual tiene que pronunciarse el Pleno.
Ron y el también experto en Derecho Constitucional, Gonzalo Muñoz, señalan que hay dos posibilidades. La primera es que la CC determine que hubo vulneración a los derechos de Román. En ese caso, él debería asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
El otro escenario es que se niegue la acción extraordinaria. En ese caso todo se mantendría igual.
El correísmo de Unión por la Esperanza (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC) no lograron los 92 votos necesarios para censurar a Murillo, a los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. Los tres fueron acusados de incumplir funciones.
La votación tuvo lugar el jueves pasado. Sin embargo, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, clausuró la sesión sin dar paso a la reconsideración. Esto abre la posibilidad de que cualquier legislador la solicite.
En caso de obtener 70 votos para esa iniciativa, el Pleno nuevamente votaría por la moción de censura. Cabe la posibilidad de que esta vez sí se logren los votos necesarios. En ese caso, según lo explica Muñoz, ya no tendría efecto lo que después resuelva la CC.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también está inmerso en la disputa. Esta semana, los vocales de esa entidad, mediante sus cuentas de Twitter, pidieron que el presidente de la entidad, Hernán Ulloa convoque a una sesión para conocer la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela.
Ulloa, por la misma red social, dijo que ese proceso no ha cumplido con las formalidades requeridas. Además, señaló que esperará el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Según Muñoz, ese es un grave error ya que las acciones extraordinarias de protección no suspenden el resto de procesos. Es decir, a su criterio, Ulloa debería dar paso al tratamiento de esa terna.