El correísmo y el PSC intentarán reconformar la Judicatura este 8 de septiembre

El presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, y los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo son fiscalizados por un sector de la Asamblea Nacional. Foto: Patricio Terán / El Comercio

La eventual reconsideración del resultado del juicio político contra tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y la expresidenta del organismo pondrá a prueba, este jueves 7 de septiembre de 2022, la cohesión del grupo de 49 asambleístas que se abstuvieron el 1 de septiembre de apoyar la destitución de los funcionarios.

En ese grupo están 23 legisladores del oficialismo, 19 de Pachakutik, seis –en su mayoría disidentes- de la Izquierda Democrática (ID), y un independiente.

La postura de esos asambleístas significó que el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC) se quedaran con 87 de los 92 votos que se requerían para aprobar la moción, en la sesión 797 del Pleno.

Insistencia correísta

“Al haber obtenido 87 votos, sí corresponde hacer una reconsideración de la votación, con el fin de saber si podemos llegar o no a los 92 votos necesarios. Eso ya queda a criterio y discreción de los asambleístas”, dijo Marcela Holguín, coordinadora de Unes.

El artículo 145 de la Ley Legislativa dice que “cualquier asambleísta podrá solicitar, sin argumentación, la reconsideración de lo aprobado o improbado (…), en la misma o en la siguiente sesión” del Legislativo.

Como el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no dio espacio a que eso se concrete en la anterior ocasión, se prevé que esto se realice hoy a las 14:30, en la nueva sesión 798.

Salvador Quishpe, coordinador de bancada de Pachakutik, y Mario Ruiz, de los denominados rebeldes, aseguraron que no cambiarán de criterio, tras señalar que con este proceso el correísmo y el PSC buscan tomarse la justicia ecuatoriana.

Aunque no habló de posibles sanciones en caso de que haya cambio de posturas en su bloque, Quishpe considera que este juicio político logró reunificar a su bancada, incluso con parte de los denominados rebeldes.

Mario Ruiz, quien usualmente vota con el correísmo, se enfrentó con Rafael Correa en redes sociales y aseguró que buscan “amedrentarlo” con un audio “malintencionado” para que se sume a la causa de la destitución.

“El juicio político al Consejo de la Judicatura no busca solucionar los problemas estructurales del sistema de administración de justicia. Intenta dejar en la impunidad la corrupción poniendo en duda la evaluación y designación de la Corte Nacional de Justicia”, sostuvo Ruiz.

Denuncia de presiones

Rafael Lucero, otro de los legisladores de Pachakutik, se ratificó en que las presiones y ofrecimientos de cargos a cambio de votos persisten.

“He recibido llamadas; lo he hecho público. No he dado los nombres porque me voy a reservar esos datos para cuando vuelva a suceder, en una próxima sesión, y tener material para hacer la respectiva denuncia”, señaló.

La oficialista Nathalie Arias manifestó que, “sin duda alguna, ha habido todo tipo de acciones y de gestiones para cambiar la decisión del Pleno”.

Si se vuelve a votar, Alejandro Jaramillo, excoordinador del bloque de la ID, manifestó que el resultado “no puede cambiar porque eso llamaría mucho la atención”.

“No puede ni subir de 87 ni bajar de 87 porque eso sería vergonzoso para la Asamblea, para el país, para el Ejecutivo y para toda la gente que hace política. ¿Cómo puede ser que quieran cambiar la votación? ¿A cambio de qué? ¿Compra de conciencias?”, cuestionó.

Jaramillo no descartó que el consejo ejecutivo de la ID sancione a los nueve legisladores que votaron a favor de la censura y destitución, en lugar de abstenerse como fue la disposición. El presidente de este partido, Enrique Chávez, suspendió la vocería por esta causa al jefe de bancada, Marlon Cadena.

“Sería injusto para el país mentirle y hacernos los sordos, ciegos y mudos de que en la justicia no pasa absolutamente nada”, refutó Cadena tras la decisión.

Hechos

El 2 de febrero, el entonces asambleísta Fausto Jarrín y su coidearia, Viviana Veloz, formularon el pedido de juicio político.

El 18 de febrero, el pedido de interpelación contra Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Morillo, vocales de la Judicatura, y la expresidenta María del Carmen Maldonado fue calificado por el CAL.

El 22 de agosto, la Comisión de Fiscalización no logró una mayoría para aprobar el informe. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, planteó que este proceso sea archivado.

El 28 de agosto. Con 87 votos a favor, el Pleno resolvió llamar a juicio político a los tres vocales de la Judicatura y a la expresidenta. La moción fue impulsada por el correísmo y el PSC.

El 1 de septiembre, por falta de cinco votos, los vocales de la Judicatura se salvaron de ser destituidos por el Pleno. No se reconsideró la votación.

Normativa

Setenta votos se requieren para aprobar la reconsideración del juicio político a los miembros de la Judicatura y 92 para aprobar la censura y destitución de los interpelados.

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