Criterios divididos. El informe del consejero presidencial, Luis Verdesoto, que calculó en USD 68 000 millones las pérdidas por la corrupción en el país generó el rechazo del correísmo, mientras la exsecretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, lo defiende.
La respuesta se dio el jueves 23 de septiembre del 2021 después de que ese bloque criticara al presidente Guillermo Lasso por haber asegurado que el perjuicio fue de USD 70 000 millones en los últimos 14 años, al suscribir un acuerdo con la ONU el 21 de este mes.
Verdesoto envió a los asambleístas un desglose sobre el impacto de los sobreprecios que bordean el 50% del presupuesto inicial en obras como hidroeléctricas, refinerías, poliductos, edificios, hospitales, escuelas y carreteras.
“En resumen, para el periodo 2007-2019, el monto total de corrupción se aproxima a 67 729,4 millones de USD”, sostiene. Eso equivale a una pérdida cercana a los USD 6 000 millones por año.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (Unes) manifestó que el texto evidencia “una clara deficiencia de los conocimientos básicos” de la contratación pública.
“Hacen una comparación de lo presupuestado en una obra y lo comparan con lo que al final se terminó ejecutando, y sobre esa diferencia, que en algunos casos es mayor, dicen: ese porcentaje que se ha incrementado los costos de lo presupuestado, esa es corrupción; cuando no hay ningún elemento que pueda corroborar aquello”, argumentó.
Igual criterio tuvo el expresidente Rafael Correa, quien en su cuenta de Twitter descalificó a Verdesoto, a quien tachó de “deshonesto” y llamó al presidente Guillermo Lasso a que lo cambiara a este funcionario.
“Ya no ha sido el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Consejero “anticorrupción” Verdesoto es tan corrupto, que sataniza inversión pública y llama sobreprecios a ajustes de contratos. Ya no sean ridículos y dejen de mentir”, señaló.
Sin embargo, Dora Ordóñez, exsecretaria Anticorrupción, sostuvo que la carta de Verdesoto ratifica lo que ella ya advirtió cuando ejerció el cargo y denunció que el perjuicio era de USD 70 000 millones, basada en el estudio mejor gasto para mejores vidas” del BID.
“Para poder hacer la contratación de una obra existe un presupuesto referencial, que puede variar pero la ley incluso pone límites para esa variación”, remarcó a este Diario.
Agregó que a la Contraloría le corresponde determinar si hubo o no sobreprecios en las obras, y este organismo tiene en glosas cerca de USD 900 millones por recuperar.
“Qué confianza podemos tener en una Contraloría que durante 14 años estuvo cooptada por (Carlos) Pólit, luego por Pablo Celi, y ahora por (Carlos) Riofrío, y por Valentina Zárate en su momento. ¿Qué confianza si es que un técnico de la Contraloría valoraba el sobreprecio en una obra e inmediatamente servía como acta de negociación para desvanecer las glosas?”, increpó Ordóñez.