Se trata de una decisión salomónica. La Procuraduría General del Estado determinó que la Contraloría deberá entregar la información que soliciten los asambleístas. Sin embargo, los legisladores deberán mantenerla en reserva.
Así se pronunció la Procuraduría, este martes 22 de septiembre del 2021, a la consulta que hizo el Contralor General Subrogante, Carlos Riodrío, para atender los requerimientos de información de los asambleístas, el pasado 6 de septiembre
“La Procuraduría concluyó que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político”, dice un comunicado de esa institución.
“Los asambleístas, de conformidad con la Ley, deberán mantener la información bajo reserva”, concluye el documento.
La Contraloría ha mantenido una política de no divulgar nombres en sus investigaciones, para precautelar el principio de inocencia de las personas. Los informes que realiza pueden ser sujetos de impugnaciones en el tribunal Contencioso Administrativo que, en muchos casos, finalizan finiquitando esos procesos.