La consulta realizada por la Contraloría hacia la Procuraduría General del Estado sobre el sigilo a las glosas y otros expedientes tiene el respaldo de las bancadas del oficialismo, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).
Las reacciones se dieron este martes 7 de septiembre de 2021, un día después de que el titular del organismo, Carlos Riofrío, condicionara a una respuesta del procurador, Íñigo Salvador, la entrega de esta información al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.).
“No se puede violar el sigilo de la información y sobre todo cuando son procedimientos que todavía están en trámite”, sostuvo la coordinadora de la bancada correísta de Unes, Paola Cabezas.
Aseguró que en su caso no tiene glosas, pero rechazó que su nombre fuera incluido en un listado que se divulgó en portales digitales, porque fue funcionaria de la Gobernación de Esmeraldas, trabajó en la Secretaría de la Reconstrucción y como directora de comunicación del Parlamento Andino.
“Es un linchamiento sistemático y permanente a la Asamblea Nacional y justo cuando vienen discusiones importantes como la proforma, que raro que ahora decidan hablar de glosas inexistentes”, anotó.
El socialcristiano Esteban Torres consideró que “no es prudente” afectar la presunción de inocencia de las personas, mientras que su coideario Jorge Abedrabbo aseguró que está dispuesto a entregar información sobre un expediente en su contra por una glosa contra una empresa cuando se desempeñó como funcionario del Ministerio de Transporte en Bolívar.
“Una glosa no significa necesariamente la responsabilidad penal de un exfuncionario, y en ese sentido yo creo que más allá de los nombres, los montos o los cargos que tuvieron en el pasado, yo sí creo que es información que debe ser manejada con cautela y por eso saludo la decisión del Contralor de consultar al Procurador si tiene que entregar o no porque no podemos tampoco caer en un amarillismo legislativo”, apuntó.
Nathalie Arias, de Creo, consideró que “hay que esperar el pronunciamiento” del procurador. “Es importante que se aclare en qué etapa están en esas glosas, porque no es lo mismo que haya algún tipo de indicio y se pueda presentar pruebas de descargo que ya se encuentre en firme, en condición de coactiva”, anotó.
Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, tiene expedientes por su desempeño en la Prefectura de Zamora Chinchipe. Señaló que faltan para agotar recursos en el Tribunal Contencioso Administrativo. Consideró que detrás de todo esto se busca empañar la imagen de la Asamblea.
Johana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, descartó que el hecho de no entregar esta información sea causal para un juicio político en contra del contralor Riofrío, como señaló Villavicencio, porque “existe sigilo de esa información y esa información es personal”.
“Pero nosotros sí podemos hacerlo y ya lo hemos conversado con nuestros asambleístas de la bancada en el que primero se va a levantar el sigilo en relación con esta información y también la relación con las cuentas bancarias y va a ser el partido quien va a estar monitoreando cada una de las acciones de nuestra bancada”, afirmó. El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), concluyó que se debe respetar el debido proceso. “Cada asambleísta que está involucrado tiene el derecho a requerir información de la propia Contraloría para aclarar al país cuál es la verdad de las cosas”.