La Contraloría General del Estado entregará en dos meses un informe sobre el cumplimiento de sus recomendaciones en torno a un contrato de Flopec con Amazonas Tanker, que se debate en el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, en la Asamblea.
El contralor subrogante, Carlos Riofrío, reveló que la acción de control empezó el pasado 10 de abril del 2023 y que desde entonces corre un plazo de 63 días laborales para que las unidades correspondientes entreguen sus conclusiones.
Eso significa que el documento estará listo después de la interpelación a Lasso, que prevé tener un desenlace a mediados de mayo próximo en la Asamblea.
La oposición legislativa acusa al Primer Mandatario de supuesto peculado en el contrato que se firmó a finales de 2018, en el Gobierno de Lenín Moreno, para el alquiler de buques para el transporte de hidrocarburos.
Por esta causa, Riofrío y el titular de la Dirección nacional de auditoría de transporte, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria de la Contraloría, Manuel Arroyo, comparecieron a la Comisión de Fiscalización este jueves, 20 de abril.
El organismo de control verificará si Flopec cumplió con las recomendaciones que se hicieron en el examen especial emitido el 5 de noviembre del 2021, donde se terminó un perjuicio de USD 6.1 millones en el contrato con Amazonas Tanker.
La Contraloría identificó que en ese acuerdo comercial faltaron informes técnicos, financieros y de riesgos. Por lo que determinó glosas contra el gerente general y el gerente comercial de Flopec de la época.
Los funcionarios aclararon que el organismo no recomendó la terminación de dicho contrato, ya que no tiene la facultad de hacerlo, sino otras medidas. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2020 sobre este acuerdo comercial.
Borrador de IRP
Arroyo también reveló que hubo un proyecto borrador sobre posibles indicios de responsabilidad penal (IRP), que no pasó de la unidad de patrocinio de la Contraloría “por falta de elementos”.
“No existen los elementos suficientes, competentes y pertinentes con los hechos materia de lo penal. Y, al final, inclusive señala que existen responsabilidades relacionadas en materias distintas”, acotó el contralor Riofrío.
Aquello llamó la atención a los asambleístas del juicio político contra Lasso, que pidieron detalles del mismo, aunque el oficialismo y el abogado del Presidente, Edgar Neira, objetaron que este no había sido anunciado para la práctica de pruebas.
“Aquí estamos examinando una conducta por supuesto peculado y responsabilidad civil consecuente, lo que haya ocurrido en la Contraloría en otros temas y en otros casos, no comprende a esta materia”, enfatizó Neira.
Confrontaciones
El tema caldeó los ánimos en el salón del exsenado de la Asamblea donde se desarrollaron estas comparecencias por más de cuatro horas. La correísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político contra Lasso, llegó a advertir al contralor Riofrío que podría terminar como su antecesor, Pablo Celi, quien cumple una condena por corrupción.
“No se ha podido justificar en forma técnica, en forma clara, cuáles serían los argumentos competentes y pertinentes para que no se determine indicios de responsabilidad penal, no ha podido probarse, se ha evadido esa pregunta”, anotó Rodrigo Fajardo (ID), otro de los proponentes.
“Cuidado y a usted le espera el mismo camino que al señor Pablo Celi”, espetó Veloz al contralor Riofrío.
Sin embargo, el Contralor defendió la actuación del organismo. “Nadie niega que hubo un proyecto de indicios de responsabilidad penal, porque no necesariamente una responsabilidad civil, como vemos en el informe, de más de USD 6.1 millones, quiere decir que existe un tema doloso y en ese sentido es lo que no se estableció el indicio de responsabilidad penal”, insistió.
Para este viernes 21, la Comisión de Fiscalización tiene prevista la comparecencia del Procurador General del Estado y de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, donde se aprobó un informe del caso Flopec. También estuvo convocada la fiscal General, Diana Salazar, pero se excusó.
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