El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite; Juan Carlos Bermeo, quien le antecedió en el cargo, el exgerente de Flopec, Oswaldo Rosero, comparecieron por el trámite del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso este miércoles, 19 de abril del 2023.
Las comparecencias se dieron en la Comisión de Fiscalización por segundo día consecutivo y tomaron alrededor de nueve horas. Allí enfrentaron cuestionamientos de la oposición legislativa, que impulsa el enjuiciamiento político contra Lasso.
La acusación contra el mandatario gira en supuesto peculado (malversación de fondos públicos) en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tanker para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos, que se firmó en el anterior Gobierno.
Se concretaron ocho de las 11 comparecencias que fueron programadas: el gran ausente fue Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, testigo clave para la oposición liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) que busca la destitución del Jefe de Estado.
“No hay delito”
Santos Alvite aclaró que las decisiones en Flopec se toman en el directorio de la empresa pública, donde no tiene responsabilidad el Primer Mandatario. Explicó que el directorio está integrado por dos ministros del ramo y el gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).
El funcionario aseveró que en los directorios de los que ha participado desde que asumió el Ministerio de Energía, en noviembre del 2022, no se ha tratado el contrato con Amazonas Tanker. Dijo que tampoco fue informado sobre la renovación automática del mismo, porque aquello se convino cuando fue firmado y eso ocurrió antes de que iniciara su gestión.
El Ministro manifestó que no hay informes de la Contraloría ni de otra instancia donde se determine el cometimiento de un delito. Santos Alvite mencionó que no recibió instrucciones del Primer Mandatario para presentar alguna denuncia.
“Sobre Flopec había rumores de que esos contratos eran lesivos o habían significado algún acto no ético, pero rumores, no había ninguna sentencia”, argumentó.
Santos Alvite se refirió, asimismo, al informe no vinculante que entregó en diciembre del 2022 la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, que es encabezada por Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio político; ella guardó silencio en toda la sesión.
“El informe no vinculante de la Comisión de lo económico no despertó alarmas ni banderas rojas sobre este contrato. Más bien, yo cuando lo revisé me tranquilicé porque decía que (Flopec) había producido utilidades hasta el mes de agosto del año de 2022″, dijo el funcionario.
El ministro de Energía recomendó a los asambleístas impulsar una reforma a la Ley de Empresas Públicas, y que Petroecuador absorba Flopec para un mayor control de los fondos que maneja.
Acciones tomadas
Por su lado, el exministro del ramo, Juan Carlos Bermeo, mencionó que las irregularidades en el contrato de Flopec se analizaron en el directorio de la empresa en agosto del 2021, dos meses después de que asumió el cargo. Dijo que se tomaron algunas medidas como presentar denuncias en la Fiscalía y se analizaron otras que incluyeron dar por terminado el contrato.
Sin embargo, reconoció que esa alternativa hubiera significado una multa de USD 10 millones para el Estado, superior al presunto perjuicio alertado por la Contraloría.
Señaló que el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, tuvo la misión de acercarse a Amazonas Tanker para finalizar el contrato, pero no entregó resultados.
“La gerencia general decide terminar unilateralmente el contrato y dos días después, una vez que recapacita y se da cuenta que una decisión de esa naturaleza tiene un impacto serio, no solo en la economía de Flopec, sino en la parte operacional, porque ya se ha dicho aquí la consecuencia de no contar con buques, en dos días se retracta”, señaló.
No acudió testigo principal
Estupiñán también estuvo convocado a la Comisión, a pedido de la oposición legislativa, pero se excusó y en una carta acusó de falta de imparcialidad al asambleísta independiente Fernando Villavicencio, a quien el correísmo apeló la presidencia de esta mesa y perdió el control de las comparecencias.
En el texto, el exfuncionario se ratificó en que fue separado de Flopec por haber terminado dicho contrato, sin explicar por qué retrocedió en la medida. Su testimonio era clave para la oposición legislativa, pues es el autor de un oficio donde habría advertido de irregularidades en la empresa al Jefe de Estado.
“Flopec es un buen negocio”
Oswaldo Rosero, quien le sucedió en el cargo, mencionó que Estupiñán fue separado por no entregar los estados financieros de Flopec al directorio de la empresa estatal. Aseguró que “Flopec es un buen negocio, si está bien manejado”.
Y puso en duda la validez de unos audios filtrados que involucran al exgerente de Emco, Hernán Luque, en supuestas irregularidades. “No sabemos si es editado o no es editado, y tampoco ha sido admitido en los procesos de forma oficial”, dijo, tras señalar que en septiembre del 2021 le presentó un informe sobre los problemas en Flopec.
La asambleísta del correísmo Viviana Veloz, una de las proponentes, respondió que en un juicio político no se discute la legalidad o no de una prueba. Rosero también dijo que este tipo de contratos irregulares vienen desde el gobierno de Correa.
Pilar Ferri, otra exgerente de Flopec, no se presentó. El exsecretario de la Administración, Iván Correa, aseguró que en las reuniones con el mandatario no se analizó este contrato cuestionado.
“No hay que probar si Lasso cometió peculado”
En la sesión se dieron nuevos encontrones entre Roberto Cuero y Fernando Villavicencio, a quien le exigió que “ya supere el tema del correísmo”, cuando el presidente de Fiscalización pidió que se compare la situación de Lasso con la del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción.
“Nosotros no tenemos que probar si el Presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito”, adujo Cuero.
Villavicencio replicó que el exgerente de una empresa está “preso en Estados Unidos por pagar USD 70 millones de dólares en sobornos a los funcionarios del Gobierno de Correa”.
A la oposición solo le satisfizo la intervención del abogado Stalin Raza, a pedido del correísmo, quien “nos dio la razón” -dijo el asambleísta Pedro Zapata (PSC)- que no se puede comparar esta causa con un proceso penal. Otros dos abogados requeridos por la oposición, Rafael Oyarte e Ismael Quintana, no se presentaron.
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