Las consultas son el comodín que usan los gobiernos para validar su gestión

El 12 de septiembre pasado, el presidente Guillermo Lasso presentó su propuesta de consulta popular, que contienen ocho preguntas a la ciudadanía. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Los últimos tres gobiernos no se han resistido a la opción de legitimar sus acciones en las urnas. Desde el 2007, en el Ecuador se han realizado cinco procesos relacionados con consultas populares y referéndums nacionales. Todos les fueron favorables a cada presidente que las propuso. 

Ahora, el país se apresta a otro y se prevé que se realice en conjunto con las seccionales del 2023. Sin embargo, no es el único. La iniciativa de los Yasunidos, sobre la explotación del Campo ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha), se reactivó tras nueve años y, en el caso de Quito, también podría coincidir con una sobre la minería en el Chocó Andino. 

Las consultas populares pueden originarse desde el Gobierno, pero también desde iniciativas ciudadanas. La que ha presentado el Ejecutivo en la Corte Constitucional (CC) apunta a cambios en la Norma Superior. Las otras dos son la respuesta de colectivos ciudadanos ante lo que consideran un cambio urgente en las políticas sobre el extractivismo.  

El Ejecutivo 

La última consulta de la que se recuerda un resultado en contra para el Gobierno fue la de 1995, de Sixto Durán Ballén. Antes de eso, León Febres Cordero también perdió cuando consultó si los independientes podrían participar en las elecciones. 

Desde entonces, salieron airosos los gobiernos. De acuerdo con los datos del Instituto de la Democracia, los cinco procesos realizados desde el 2007 tuvieron que ver con la Asamblea Constituyente en el 2007 y el posterior Referéndum para aprobar la nueva Constitución en el 2009. 

Después hubo el Referéndum y la Consulta Popular del 2011; en el 2017, sobre los paraísos fiscales. En cambio, la del 2018, de Lenín Moreno, planteó la reinstitucionalización del Estado. 

Ahora, las preguntas sobre las cuales el presidente Guillermo Lasso quiere que la ciudadanía se pronuncie están en la CC. Tienen que ver con seguridad, institucionalidad y medioambiente. En caso de que la CC avale las interrogantes, esta sería la sexta vez, desde el 2007, en que un gobernante convoca a las urnas.  

Para la politóloga Arianna Tanca, las consultas son tan atractivas para los gobiernos de turno porque, desde el retorno a la democracia, casi todos los presidentes han tenido una minoría legislativa. Rafael Correa fue una excepción. Sin embargo, antes de tenerla, recurrió a la Consulta porque en su primer período se presentó sin candidatos al Legislativo. 

“Las consultas populares son esa herramienta de gobernabilidad para poner sobre la mesa aquello que sabes que la Asamblea no te da paso”, dice Tanca.  

El experto en temas electorales, Esteban Ron, señala que los gobiernos recurren a los plebiscitos cuando existen trabas en lo burocrático. Por eso opta por ir a las urnas para legitimar los cambios que quiere realizar.

Quito Sin Minería 

Esta iniciativa busca que se prohíba la minería en el Chocó Andino, una zona considerada la séptima reserva de la Biósfera. Actualmente, se encuentra en la etapa de recolección de firmas. Tienen hasta el 30 de octubre para presentar, al menos, 200 000 rúbricas. 

Fred Larreátegui, abogado de la iniciativa, dice que han logrado ya un poco más de las 200 000 necesarias, pero apuntan a más para pasar el filtro de validación. Con esto prevén que su consulta coincida con las seccionales del 2023. 

Desde el 2007, según el Instituto de la Democracia, otras dos consultas se han realizado en cantones por temas mineros. Una fue en Quimsacocha, en el 2019, y otra en Cuenca, en el 2021. 

Yasunidos

Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega del certificado de legitimación democrática. Eso implica que sí cumplieron con el número de las firmas requeridas para llegar a la consulta. 

Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, señala que, después de esto, la consulta se debe realizar. En este momento corre el plazo de 15 días para que el órgano electoral les entregue el certificado. Posteriormente, la pregunta pasará a control de la CC. Si hay diligencia en todas las entidades involucradas, la iniciativa debería votarse en febrero del 2023. 

Los costos

Entre USD 15 y 20 millones más para la consulta de Lasso. En caso de que las fechas no coincidan, se debe organizar otro proceso electoral, son sus respectivos costos.

Procesos

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dice que están preparados en caso de que, al menos en Quito, se realicen tres consultas. Recuerda que para eso se necesitan recursos que debe entregar el Ejecutivo.

Las preguntas de la Consulta propuesta por el Ejecutivo deberán pasar por el filtro de la CC. Así lo determina la Carta Magna en el artículo 438.

Desde el 2007, se han realizado cinco consultas locales. Dos de ellas por temas de minería y otras tres para anexar cantones a una provincia. 

En el 2023  también se votará por alcaldes, prefectos, concejales, Juntas Parroquiales y vocales del Cpccs. El CNE tiene en curso este proceso que actualmente está en etapa de inscripción de candidaturas.

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