El Consejo de Participación, la joya de la corona para afianzar el poder
Walter Gómez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y José Carlos Tuárez, en la sesión para su censura y destitución en el Legislativo. Foto: EL COMERCIO
Tres años y dos meses atrás, los siete nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) eran posesionados en sus cargos.
Desde entonces, y a menos de cinco meses para escoger a los nuevos integrantes, ese organismo no ha salido de su crisis interna.
Los integrantes de la institución han pasado por dos juicios políticos y posteriores censuras, cuatro presidentes, luchas internas entre mayoría y minoría; además de un fallido proceso que, mediante una reforma parcial que incluía consulta popular, buscaba eliminarlo.
La actual composición fue la primera en originarse por votación popular. En el 2018, la consulta, impulsada por el expresidente Lenín Moreno, planteó ese cambio y la ciudadanía dijo que sí.
Hasta febrero de 2018 estaba integrado por siete consejeros principales y siete suplentes. Se los seleccionaba entre representantes de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual.
Para eso, existía un concurso público de méritos y oposición, con una veeduría y estaba habilitada la impugnación ciudadana.
Para la exvicepresidenta del organismo, Mónica Banegas, es ingenuo pensar que la elección por votación garantiza independencia. Plantea que, para obtener votos, tienen que recurrir al auspicio de las organizaciones políticas.
Dice que desde la Constitución de Montecristi, el Cpccs es la joya de la corona. Por eso considera que no ha existido una voluntad real de eliminar el organismo o, al menos, quitarle la facultad de designación. Recuerda que este mismo Gobierno no ha llevado adelante la Consulta Popular.
¿Cuál es su aporte?
El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Esteban Ron, dice que hay que entender al organismo en cuatro momentos.
El primero es el transitorio que, tras la Constitución de Montecristi, viabilizó el cambio de modelo con la designación de nuevas autoridades. Ese fue su logro.
Después, el primer Cpccs nombrado por concurso logró hacer renovaciones de las autoridades. Sin embargo, ya se cuestionaba la cooptación, en ese entonces por parte del Gobierno del expresidente, Rafael Correa.
Después llegó otro Cpccs transitorio, producto de la consulta del 2018, precisamente para desmontar el modelo con el cual se decía que se cooptaba el organismo.
Finalmente, está el actual que, a criterio de Ron, también responde a partidos y no tiene mayores logros, más allá del proceso de renovación de la Corte Constitucional.
La pugna actual
La pelea entre mayoría y minoría se agudizó con la destitución de Sofía Almeida de la Presidencia. En ese hecho, incluso, actuó la Policía y estuvieron de por medio medidas jurisdiccionales.
El control de la entidad fue asumido por Hernán Ulloa, a quien la actual minoría los acusa de responder al Gobierno. Ahora está en proceso un nuevo juicio político.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea unificó dos pedidos. El primero, impulsado por Mireya Pazmiño (PK), busca la censura de la mayoría conformada por: Ulloa, María Fernanda Rivadeneira (vicepresidenta), Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.
El segundo fue planteado por el legislador Ricardo Vanegas (Pachakutik) en contra de los siete integrantes del organismo de control social. Así, esta vez, todos los integrantes de la entidad serán interpelados, a meses de dejar el cargo. Ulloa aseguró que tuvieron que desmontar una plataforma que estaba destinada para nombrar un Contralor “a la carta”.
Por su parte, Rivadeneira se mostró a favor de que se llamara a juicio a todo el Consejo. Así, expuso, se valorará si es pertinente censurar a un organismo que no es político sino ciudadano.
Pero no solo la salida de Almeida evidenció una pugna en la cual se acusaba a la oposición y al Gobierno de estar inmersos.
La designación del Superintendente de Bancos sacó a la luz, si no la injerencia, al menos el interés del Ejecutivo por ese organismo.
El entonces consejero ad honórem, Aparicio Caicedo, apareció en un audio por las redes sociales en el que presionaba a Raúl González para que renunciara del que ya se había posesionado. El presidente Guillermo Lasso, quien en primera instancia lo incluyó en la terna, no lo quería en el cargo.
Otra disputa en la que no solo apareció el Cpccs, sino también el Ejecutivo y la Asamblea, es por el Consejo de la Judicatura.
La mayoría optó por no conocer la segunda terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para nombrar a un presidente. Está en curso una causa en la Corte Constitucional y el Cpccs esperará ese pronunciamiento.
Autoridad multisectorial
La Constitución del 2008 faculta al Consejo a realizar la designación de todas las autoridades de control, a través de las ternas.
Entre ellas están Contralor, Fiscal, Consejo de la Judicatura, vocales del Consejo Nacional Electoral y superintendentes, entre otros.
Actualmente, el proceso para la designación del principal de la Contraloría es el procedimiento más importante y que originó el juicio político.
También están en curso los procesos para el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y las Defensorías Pública y del Pueblo.
Igualmente, hay designaciones mediante ternas enviadas por el Presidente de la República. Estas son Procurador General, Superintendente de Bancos y Superintendente de Protección de Datos. Y, de las ternas que envían el resto de los poderes del Estado, está en curso la Judicatura.
Con tareas pendientes y, en términos de Ron, sin ningún resultado en la prevención y lucha contra la corrupción, en febrero del 2023 se elegirán a los nuevos siete consejeros. Cuatro del actual Pleno buscan reelegirse. Las impugnaciones están resueltas.
Fases claves que han marcado la gestión del organismo ciudadano
13 de junio del 2019
Los siete nuevos integrantes del Cpccs son posesionados por la Asamblea. José Carlos Tuárez fue nombrado presidente de la entidad. La decisión se tomó con los votos de cuatro consejeros. Dos de ellos, son asambleístas actualmente.
14 de agosto del 2019
La Asamblea censura a Tuárez, Desintonio, Gómez y Rosa Chalá. El argumento fue incumplimiento de funciones al intentar revisar una decisión del Cpccs sobre designación de autoridades. Contra Tuárez pesaban críticas.
13 de octubre del 2020
Christian Cruz, quien sustituyó a Tuárez en la Presidencia, también fue censurado por el Legislativo. Estuvo involucrado en el escándalo sobre los carnés de discapacidad. Se le atribuía un 80%. En su reemplazo, asumió Sofía Almeida.
16 de marzo del 2021
La anterior legislatura no dio paso a la iniciativa para eliminar el Cpccs. Fue impulsada por el Comité por la Institucionalización Democrática, pero la idea fue de Julio César Trujillo, quien presidió el Cpccs Transitorio tras la Consulta del 2018.
9 de febrero del 2022
La mayoría del Cpccs, de la que era parte el ahora presidente Hernán Ulloa, destituye a Almeida. Así se inició una disputa que terminó con su salida. Recurrió a la justicia jurisdiccional y permaneció en el edificio por varios días. La Policía intervino.
20 de julio del 2022
Pese a los cuestionamientos sobre el proceso, el Cpccs nombra a Raúl González como superintendente de Bancos. Entonces empezó una disputa entre el Ejecutivo, el Consejo y después la Asamblea. También hubo acciones de protección.
8 de septiembre del 2022
La Comisión de Fiscalización, tras la reconsideración de una primera votación, decide unificar los dos juicios en contra de los siete vocales del Cpccs. Será el tercer proceso de interpelación que atraviesa la entidad.
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