La licencia que cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tomaron para hacer campaña por su reelección se volvió permanente. Después de la decisión de la Corte Constitucional (Cpccs) sobre destituir a los siete integrantes de ese organismo, ellos no podrán regresar, aún si ganan los comicios.
Los destituidos y que buscan su reelección son María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, David Rosero, Juan Javier Dávalos y Francisco Bravo. Los expertos en Derecho Constitucional Esteban Ron y Emilio Suárez advierten que no podrán regresar a la entidad de la que fueron destituidos.
Ron señala que este procedimiento está regulado en la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). En esa normativa se señala que no pueden regresar por dos años, pero tampoco podrían reingresar a la institución.
Suárez comparte ese criterio y agrega que, al ser candidatos en firme, dicha postulación es irrenunciable por lo que seguirán en la papeleta. Pero, en caso de que ganen, no podrán ejercer el cargo.
Ambos expertos coinciden también en que no hay posibilidad de que, en caso de que ganen, sean suplentes los que asuman durante esos dos años para que después de eso se reintegren al cargo los ahora destituidos.
Otro dato importante es que no hay apelación posible. La también constitucionalista, Ximena Ron, manifiesta que lo decidido por el Pleno de la CC es de última y definitiva instancia.
El origen del conflicto
La Corte Constitucional decidió la destitución de los siete consejeros por “el incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia que emitió ese organismo el año pasado relacionada con la designación del nuevo presidente de la Judicatura.
Lo que hizo el órgano de interpretación constitucional fue realizar el seguimiento que le permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esto después de que en su sentencia encomendará al Cpccs que realice el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura de manera célere.
Hasta el momento, quien reaccionó a la medida fue el ahora expresidente del organismo, Hernán Ulloa. Dijo que acatará la decisión como un acto de coherencia. Repitió la frase que un juez de Santo Domingo obligó a colocar en una placa en el Parlamento: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
También se pronunció el ahora exconsejero David Rosero. La mañana de hoy señaló que su candidatura sigue en firme y que continuará con la campaña. Su lectura es que hay jurisprudencia que avala el que, aún después de ser destituido, sí podría regresar al Cpccs si es electo.
Diario El Comercio se contactó con María Fernanda Rivadeneira. A las 13:05 dijo que estaba analizando su pronunciamiento.
Dicha placa fue consecuencia de la medida jurisdiccional que Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo obtuvieron tras la censura y destitución que decidió el Legislativo. Es decir, al menos esos cuatro consejeros fueron destituidos en dos oportunidades y por dos poderes distintos.
Sofía Almeida, quien era consejera de la minoría del Cpccs, dijo la noche de ayer, lunes 23 de enero del 2023 que también acata la decisión pero que recurrirá a instancias internacionales.
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