En el mejor de los casos, un año tomarán las reformas legales que implican los cambios que propone la Consulta Popular convocada por el Gobierno Nacional. En este proceso participará la Asamblea Nacional, ente con el que el Ejecutivo ha mantenido una tensión constantes.
Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, señala que, en caso de que gane el sí en las ochos preguntas planteadas por el Gobierno, se requerirán cambios en siete normativas.
Las leyes a las que Rivas se refiere son:
- Ley Orgánica de Extradición,
- Código Orgánico del Ambiente,
- Ley Orgánica de la Función Legislativa,
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana,
- Código Orgánico de la Función Judicial y
- Código de la Democracia.
Para esto, según la experta, los anexos de las preguntas plantean un plazo de 365 días, desde la presentación de los proyectos que deberán ser aprobados.
La Ley Orgánica de Extradición implicará el cambio que propone la pregunta uno del Referéndum. Esta tiene que ver con la posibilidad de extraditar a ecuatorianos involucrados en delitos vinculados al crimen organizado.
El 19 de enero pasado, Karen Sichel, vocera del Gobierno para lo relacionado con la Consulta Popular escribió en su cuenta de Twitter: “Los narcotraficantes le temen a la extradición porque saben que serán castigados por sus crímenes”.
La campaña del Gobierno a favor del sí se ha centrado en esta pregunta. Con esto, según el Ejecutivo, se tendrá una herramienta para enfrentar la inseguridad que actualmente vive el país. Sin embargo, aún con el sí, no todo depende del Gobierno ya que una extradición implica el requerimiento de otro país.
Cambios en el Cpccs
La pregunta con la que se plante quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) su facultad de designar autoridades requerirá un cambio en la Lay de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Cpccs. Esto porque se modificarían sus atribuciones.
Además, la Ley Orgánica de la Función Legislativa tendría que ser cambiada para que se incluya la atribución de nombrar a las autoridades bajo el modelo planteado por el Gobierno.
El Código de la Democracia
Las últimas reformas a la Ley Electoral entraron en vigencia en febrero de 2020. Con la Consulta, deberá tramitarse un nuevo cambio para la regulación de los movimientos políticos. La pregunta del Gobierno plantea que esas organizaciones políticas, igual que los partidos, deberán cumplir con el 1,5% del padrón electoral como adherentes.
Tras los cambios normativos, también deberá participar el CNE ya que la pregunta plantea que el registro de adherentes que levante cada movimiento político deberá ser auditado periódicamente por el CNE.
En el Código de la Democracia también deberá establecerse el mecanismo por el cual se elegirán a los asambleístas, en caso de que gane la pregunta con la que se pretende reducir el número de legisladores.
Una vez que estén aprobados los cambios normativos, será viable, por ejemplo, la designación de autoridades de control. Hay que recordar que el anexo de la pregunta del Cpccs plantea que los concurso que no se hayan completado hasta la publicación de los resultados de la Consulta, se declararán desiertos.
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