El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solicitará a la Asamblea Nacional que apruebe una “ley interpretativa de la Contraloría General del Estado” para encontrar una salida a la crisis institucional de ese organismo.
Este viernes 2 de julio del 2021, a través de una rueda de prensa desde Guayaquil, la presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, mencionó que en la actual Ley de la Contraloría no se establece una línea sucesoria clara en caso de ausencia simultánea del Contralor y el Subcontralor.
Almeida apuntó que el Código Civil faculta al Legislativo a interpretar esa ley, con el objetivo de que se establezca “qué organismo es el competente para designar un encargo, en caso de que así lo amerite”.
La intención del Cpccs, según su vicepresidente, David Rosero, es que se apruebe en el menor tiempo posible la Ley interpretativa de la Contraloría para viabilizar un posible encargo, mientras paralelamente, el Consejo de Participación avanza en el concurso de méritos y oposición para designar a un nuevo Contralor General del Estado para los próximos cinco años.
Según el consejero Juan Javier Dávalos el presupuesto que se requerirá para llevar adelante ese concurso es de aproximadamente USD 400 000. Anunció que también dependerá que el Ministerio de Finanzas transfiera esos recursos, para iniciar el proceso. La designación tomaría entre cuatro y seis meses.
El presupuesto del concurso se destinará para pagar a los comisionados ciudadanos, publicación de convocatorias, cancelar los honorarios de docentes universitarios para que elaboren los bancos de preguntas, entre otros gastos.
Este 2 de julio se anunció que el Cpccs sesionará para aprobar que se “socialice” el reglamento de designación de Contralor, con el objetivo de recibir aportes de la ciudadanía. Sin embargo, ya se adelantaron algunos parámetros que se incluirán, como que los postulantes no sean directivos ni militantes de organizaciones políticas, que acrediten antecedentes de lucha contra la corrupción, que no tengan contratos con el Estado ni deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas, además de méritos académicos, entre otros requisitos. Además, se propone una prueba de conocimientos.
El sábado 3 de julio, en cambio, el Cpccs sesionará para aprobar oficialmente el exhorto a la Asamblea Nacional, para que se apruebe la ley interpretativa de la Contraloría.
El miércoles anterior, ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, el procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, pidió que se busque una “salida política” frente a la crisis de la Contraloría.
Pablo Celi, titular de la Contraloría, permanece detenido por supuesta delincuencia organizada, dentro del llamado caso Las Torres, desde el 14 de abril último. Dávalos y Rosero recordaron que se trata de un problema “heredado” del Consejo de Participación Transitorio, que encabezó Julio César Trujillo.
Esa entidad ratificó a Celi en el cargo, hasta que concluya el periodo para el que fue designado Carlos Pólit, excontralor y actualmente prófugo de la justicia. Es decir, hasta marzo del 2022.
El 25 de junio pasado la Contraloría anunció que Carlos Riofrío fue designado subcontralor, pero el nombramiento generó controversia, pues esa designación fue avalada por el director nacional de Gestión Institucional de la entidad, Jairo Caldas Montero. Según el artículo 33 de la Ley de la Contraloría, el Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General.
Sofía Almeida explicó que el reglamento del concurso de Contralor será difundido aproximadamente una semana, para recoger aportes y después aprobar la versión final. Con ese insumo, y una vez que Finanzas asigne el presupuesto, se podría iniciar con el concurso, manifestó.
