Fiscal y Procurador sugirieron en la Asamblea salidas al caso de Pablo Celi
Pablo Celi está preso desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Fiscal General, Diana Salazar, y el Procurador del Estado, Íñigo Salvador, presentaron informes a la Asamblea en relación a la situación del contralor subrogante, Pablo Celi, preso desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada.
Por separado, Salazar compareció a la mesa de Justicia y Salvador a la de Participación Ciudadana, este miércoles 30 de junio del 2021, antes de que la Comisión de Fiscalización sesionara para calificar un pedido de interpelación impulsado por Cristóbal Lloret (Unes) contra Celi.
Salvador defendió el pronunciamiento que emitió la Procuraduría el 27 de mayo pasado en el que determinó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no puede designar un Contralor subrogante, basado en informes jurídicos de las dos instituciones, según dijo.
Como una salida, Salvador consideró que el Cpccs debería requerir a la Corte Constitucional que "module" su dictamen emitido hace dos años, con el que blindó las decisiones del Consejo de Participación transitorio, entre ellas, una con la que Celi fue designado como subrogante hasta marzo de 2022.
El Procurador argumentó que la Ley prevé la destitución de funcionarios de este tipo mediante juicio político en la Asamblea o mediante sentencia ejecutoriada. Sostuvo que el Cpcss sí tiene la atribución de avanzar con el concurso para designar un nuevo Contralor para que todo esté listo cuando termine el mandato para Celi.
Una situación similar a la de Celi atraviesa el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien fue detenido el 16 de mayo pasado por supuesto abuso sexual.
Durante su comparecencia, la fiscal General, Diana Salazar, solicitó a la Asamblea “que ejerza sus atribuciones de control político, también en relación a altas autoridades que dirigen sus instituciones desde centros de privación de libertad, afectando a la ética pública e intentando incidir en las investigaciones”.
La funcionaria señaló que requerirá autorización judicial para entregar a la Asamblea las acciones de personal en relación a Celi, que se encuentran en cadena de custodia y forma parte de las evidencias en el proceso que enfrenta.
Sin dar mayores detalles sobre el caso, aseguró que la Fiscalía tiene 348 cuerpos de investigación en esta causa. Comentó que los días previos a las audiencias del llamado caso Las Torres se desarrolló una campaña interna de apoyo a uno de los procesos al celular de la Fiscal General, aunque no identificó a los autores.
La información fue requerida por integrantes de la Comisión, al considerar que será clave para el juicio político que podría llevar a la censura y destitución de Celi.
Salazar, además, informó que hasta ahora se han practicado 60 diligencias “para establecer qué realmente pasó” con la quema de la sede de la Contraloría, que se dio en las violentas protestas de octubre de 2019.
“La Fiscalía no ha dicho que fue un autoatentado (…). Por el incendio como tal aún no se ha llegado a establecer una teoría del caso y a unos presuntos responsables”, remarcó.
En relación a las protestas de octubre, indicó que la Fiscalía tiene 789 procesos abiertos en 21 provincias por delitos, principalmente paralización de servicio público, sabotaje, secuestro, ataque o resistencia y daño a bien ajeno, y que hasta ahora se han dado cinco sentencias.
Salazar identificó cuatro nudos críticos para estas investigaciones, entre ellas, información clasificada, o inasistencia a las diligencias.
A la Comisión de Justicia también acudió la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, quien manifestó que la entidad gestiona prótesis oculares para lesionados en las protestas, y se refirió al informe de la CIDH que hizo recomendaciones al país.