¿Qué puede hacer la Corte Constitucional frente a la crisis de la Contraloría?
La Corte Nacional fijó fecha para que arranque la audiencia de juzgamiento en contra de Pablo Celi y 10 procesados más en el caso Las Torres. Foto: Archivo EL COMERCIO
Que se busque una salida política. Esa fue la alternativa que presentó el procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, frente a la crisis institucional que atraviesa la Contraloría, ya que su máxima autoridad, Pablo Celi, permanece detenido por supuesta delincuencia organizada, dentro del caso denominado Las Torres.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, encabezada por Fernando Villavicencio, notificó a Celi con el inicio del trámite de juicio político en su contra, este jueves 1 de julio del 2021.
En la víspera, el Procurador compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea y mencionó otra posibilidad para destrabar el caso de la Contraloría. Dijo que el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), encabezado por Sofía Almeida, podría solicitar a la Corte Constitucional (CC) que “module” el dictamen 219, con el que se “blindó” las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio, que lideró Julio César Trujillo.
Precisamente, fue el Cpccs-Transitorio el que ratificó a Celi en el cargo, hasta que concluya el periodo para el que fue designado el excontralor Carlos Pólit y actualmente prófugo de la justicia. Es decir, hasta marzo del 2022. Esa decisión no puede ser revertida por el actual Cpccs.
“Debería corresponder al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la posibilidad facultativa de solicitar que la Corte Constitucional module el dictamen constitucional, que es el que establece el hecho de que el Cpccs actual carece de autotutela para modificar las decisiones del Cpccs-transitorio”, apuntó Salvador.
David Rosero, actual vicepresidente del Cpccs, dijo días atrás que se solicitó una reunión con la Corte Constitucional, para que se dé seguimiento a dicho dictamen “a la luz de las nuevas realidades”. Cree que, de esa forma, se podría convocar anticipadamente a un concurso de méritos y oposición, para designar al nuevo Contralor General del Estado.
Por ahora el Cpccs no ha aprobado el reglamento para iniciar con el concurso de nuevo contralor, pese a que la comisión encargada para el efecto debía presentar un borrador hasta el 5 de junio pasado.
¿Qué dice la Corte Constitucional?
La Corte respondió a este Diario que al contar con una acción ingresada “realizar cualquier tipo de pronunciamiento previo podría desembocar en el anticipo de criterio sobre una causa”. Además, se precisó que los pronunciamientos de la Corte Constitucional se efectúan solo a través de sentencias, dictámenes y autos constitucionales emitidos por el Pleno o Salas.
La Corte, además, tiene otro proceso en el que se vincula a Pablo Celi, que no ha sido resuelto desde el 14 de julio del 2020. Se trata de una acción de dirimencia de competencias que el propio Celi solicitó a la Corte, luego de que dirigentes de Fuerza Compromiso Social ingresaran un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) pidiendo su destitución por una supuesta infracción electoral grave.
La Corte Constitucional explicó que “la ley no contempla un plazo determinado para resolver una causa de este tipo”.