Comisión de Fiscalización remite criterios sobre juicio político a Pablo Celi

Los comisionados concordaron en que hay motivos para que Pablo Celi sea censurado por el Pleno. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Los criterios de cada uno de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización en relación al pedido de juicio político en contra del excontralor, Pablo Celi, fueron remitidos a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK).
El titular de la mesa, Fernando Villavicencio (Ind.), entregó el expediente en las ventanillas de gestión documental del Parlamento al mediodía de este jueves 5 de agosto del 2021. Lo acompañó Bruno Segovia, ex Pachakutik.
“Este juicio no se cae. El país tendrá un juicio político y la recomendación de los nueve colegas miembros de la Comisión apunta hacia allá”, aseguró.
Si bien los comisionados concordaron en que hay motivos para que Celi sea censurado por el Pleno, hubo discrepancias en relación a la primera causal presentada por Juan Cristóbal Lloret, asambleísta del correísmo que impulsa este proceso: arrogación de funciones.
Villavicencio, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), Soledad Diab (PSC) y Marco Troya (BAN) concordaron en que dicha acusación no habría sido probada por el interpelante, y aludieron a que el desempeño de Celi en el cargo fue ratificado por el Consejo Transitorio y sus decisiones fueron blindadas por dictamen de la Corte Constitucional.
A su vez, los tres asambleístas del correísmo que son parte de la comisión presentaron una postura de bloque en contra de Celi, a quien Roberto Cuero, uno de sus integrantes, lo catalogó de “inquisidor de los revolucionarios”.
La contratación de una empresa de Daniel Salcedo para asuntos comunicacionales de la Contraloría, a pesar de ser objeto de una glosa, el desvanecimiento de informes, interferencia en el proceso electoral y el proceso penal que enfrenta Celi por supuesta delincuencia organizada son otras de las causales.
La Comisión no dio paso a un pedido de Villavicencio para que se tome en cuenta el borrador del informe que no pudo ser aprobado por el incumplimiento de los plazos.
Con el documento entregado hoy, Llori deberá convocar al Pleno en los próximos cinco días para decidir si se da paso a la interpelación de Celi. La intención de Villavicencio fue entregarle el documento personalmente, pero ella viajó a Esmeraldas.
El hecho de que la Comisión incumpliera el plazo legal para la entrega de sus conclusiones y recomendaciones, mantiene a Villavicencio como blanco de críticas e, incluso, hay quienes piden que sea sancionado.
“Para mi será un honor que se unan todos los corruptos y me saquen de la comisión”, manifestó el legislador, quien responsabilizó de la falla administrativa a la secretaría de la Comisión, Sharon Jiménez, quien presentó su renuncia.
A las críticas que se dieron ayer, cuando la Comisión sesionó para cerrar este proceso, se unió Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, quien anunció que alista una queja contra Villavicencio por haberlo vinculado a empresas corruptas.
“Si nosotros revisamos con atención la Ley Orgánica de la Función Legislativa, están claramente señaladas las faltas graves que comete un asambleísta cuando en el seno de las oficinas de la Asamblea hace acusaciones como estas: mentirosas, dañinas y sin fundamento”, expresó Vanegas, en declaraciones a la prensa.
Agregó que está “redactando la respectiva queja con información que el señor Villavicencio ha presentado” y confió en que “seguramente será sancionado” por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
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