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Bancadas de la Asamblea evalúan respaldo a reforma constitucional sobre rol de FF.AA.

Imagen referencial. El oficialismo espera que en el Pleno se apruebe este proyecto, lo que requiere de 70 votos. Foto: Flickr / Presidencia

Las bancadas legislativas no se cierran al debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución, que fue presentado por el Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas coordinen acciones con la Policía en contra del crimen organizado. El trámite tomará alrededor de cinco o seis meses.

Para el coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, se trata de una medida que podría contribuir a enfrentar la inseguridad en el país.

“Frente al problema de la inseguridad es necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, más cuando sabemos que las Fuerzas Armas están, prácticamente, encerradas en los cuarteles. Sin embargo, tengo una enorme preocupación por los costos y los tiempos.”, dijo.

Sofía Sánchez, otra de las legisladoras del movimiento indígena, consideró que esto se justifica debido a que el personal policial y su infraestructura resultan insuficientes para su labor en territorio.

Condicionamientos  

El correísmo, que es la bancada más numerosa, condicionó su apoyo a esta iniciativa a que se incluyan “parámetros mínimos” para este tipo de operaciones.

“Habrá que ver cuáles son los parámetros en donde las Fuerzas Armadas tienen que actuar. En eso habrá que hacer un análisis coherente”, dijo Patricia Núñez (Unes), vicepresidenta de la Comisión de Seguridad.

La legisladora recordó que en 2014 el entonces presidente Rafael Correa presentó una enmienda similar para el apoyo de los militares, algo que Lasso rechazó desde la oposición. “Hay un doble discurso”, mencionó.

A su vez, resaltó que en la Ley de uso legítimo de la fuerza, aprobada por la Legislatura este año, ya se tienen atribuciones para que las Fuerzas Armadas puedan actuar, por ejemplo, en requisas en las cárceles.

“Guerra frontal”

El oficialista Jorge Pinto señaló que esta reforma parcial a la Constitución es un paso fundamental para una “guerra frontal” en contra de la delincuencia. Señaló que los estados de excepción que se han aplicado hasta el momento sí han demostrado resultados del trabajo conjunto entre militares y policías.

“Sería inaudito pensar que un solo asambleísta está en contra de esto. El pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento: o están cuidando sus intereses personales o son parte de los grupos delincuenciales. La Asamblea tiene que estar a la altura de lo que necesita el país”, anotó.

Preocupaciones  

Desde la Izquierda Democrática (ID), Johana Moreira pidió revisar las experiencias de otros países de la región como México, donde la estrategia de llevar a los militares a las calles ha terminado en violaciones a los Derechos Humanos.

El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, señaló que la “Asamblea hará su trabajo” para que el proyecto pueda ser discutido en primero y segundo debate.

“Siempre hemos pensado que cualquier contribución en materia de seguridad interna es positiva. ¿Qué nos preocupa? Que a los militares se les quite su función principal, que es cuidar las fronteras, por donde está este momento el tráfico de drogas, armas, de personas, y otro tipo de delitos. Ojalá la enmienda no sirva para que se queden las fronteras sin ningún tipo de protección”, dijo.

Los plazos  

Para que este proyecto empiece su trámite en el Parlamento deberá ser conocido por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). El organismo todavía no ha sido convocado con este fin, pero previamente deberá requerir un informe a la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

Una vez que el proyecto pase a la Comisión de Enmiendas de la Asamblea, esta mesa tiene entre 30 y 60 días para presentar un informe para primer debate. Y el segundo debate se dará después del primero, de acuerdo con el artículo 442 de la Constitución.

“Invitaremos al propio Ejecutivo a ese debate, en esa mesa técnica. Si es menester a la Corte Constitucional, a las fuerzas sociales para que esto sea amplio”, dijo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

El oficialismo espera que en el Pleno se apruebe este proyecto, lo que requiere de 70 votos. En ese escenario iría a referendo.

Pugna con el Cpccs

Otro tema que concita la atención de las fuerzas políticas en la Asamblea es la resolución de un juez de La Concordia que dejó sin efecto la censura y destitución de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

La mayoría opositora rechazó el fallo, mientras el oficialismo y Pachakutik llamaron a acatar la sentencia. Esto se debatirá este viernes en la sesión del Pleno, con un pedido de cambiar el orden del día presentado por el jefe de bloque del PSC.


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