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Asambleísta azuaya impulsará juicio político contra el Ministro de Salud

Gremios de Médicos de Azuay apoyan el juicio político contra el Ministro de Salud. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.

Gremios de Médicos de Azuay apoyan el juicio político contra el Ministro de Salud. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.

Gremios de Médicos de Azuay apoyan el juicio político contra el Ministro de Salud. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.

Acompañada de médicos azuayos, la asambleísta Lourdes Cuesta anunció –este miércoles 27 de enero, en Cuenca– que el próximo 8 de febrero presentará la solicitud de juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el mal manejo del plan de vacunación covid-19.

Según ella, el Ministro debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos por el incumplimiento de funciones, tráfico de influencias e irregularidades detectadas en la fase cero del proyecto piloto de vacunación, que inició el jueves 21 de enero en el país.

Cuesta señaló que el plan de vacunación contempló empezar con el personal de primera línea que labora con pacientes de covid-19, de los hospitales públicos. “No se transparenta los nombres de los vacunados y esa no es información clasificada”, dijo.

Según ella, ya empezaron con la recolección de firmas y tiene el apoyo de sus compañeros de otras bancadas como los independientes y del Partido Social Cristiano; y que ingresará el pedido a su regreso de la licencia sin sueldo.

La Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas Becados (AMPB), galenos del hospital centinela José Carrasco Arteaga de Cuenca y de los hospitales privados apoyan el pedido y critican las supuestas irregularidades detectadas.

Marcos Aguirre, cirujano de tórax, cuestionó que al Hospital José Carrasco Arteaga solo llegaron 168 dosis. “Somos la tercera ciudad más importante del país, atendemos a pacientes de 16 provincias y necesitamos más de 900 dosis solo para los profesionales de primera línea y 2 000 para cubrir todo el hospital”.

Para Luis Mario Tamayo, director del Hospital Santa Inés de Cuenca, es necesario que el Gobierno autorice que la empresa privada adquiera la vacuna para vender a la población que está en capacidad de pagar y ofrecer los servicios al MSP y al IESS, para sus pacientes.

Según Tamayo, en el país más 400 prestadores de la salud han fallecido durante la presente pandemia por estas carencias de implementos cuando más lo necesitaban. “Tienen que liberarse del egoísmo y de dejar de pensar solo en ellos y en el centralismo”.

Karla Calle, vicepresidenta de la AMPB, dice que se ha excluido de la vacunación a los 3 500 médicos postgradistas del país y que no se cumple con la Ley de Apoyo Humanitario. Estamos cansados de esta falta de ética y el Ministro se nos ríe en la cara”.

Ella considera que está bien que se vacune al personal de salud público y privado y a la población de alto riesgo. “Pero que si hay pocas vacunas se debe priorizar a quienes atendemos covid-19 y que exponemos a diario nuestras vidas y de nuestras familias”.

Asimismo, dijo que “no vamos a mejorar como sociedad si justificamos estos actos de vacunar a la madre, el padre, a los primos y amigos. Eso es corrupción y está tapado por personas que tienen influencia política en este país”.

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