Mujer, que paseaba en un bosque de Quito, fue asesinada
Nuevo punto de diagnóstico de covid-19 en San Marcos
Austria activa lotería con vales de más de USD 500 p…
252 hombres acumulan más riqueza que todas las niñas…
Avión con destino a Londres retorna a Miami por pasa…
Obispo español pide perdón por declaraciones sobre h…
Lavrov y Blinken se reúnen para rebajar tensión en t…
Siete parques de Quito ya cuentan con iluminación LED

Asamblea puede modificar la ley, excepto en temas tributarios

Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, durante la sesión de la reforma tributaria. Foto: Twitter @asambleaecuador

El pasado 26 de noviembre de 2021, en el pleno de la Asamblea Nacional no se consiguieron los votos para aprobar o archivar el texto de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Eso abrió una serie de escenarios que van desde la publicación de esta normativa por el ministerio de la Ley, una reforma de carácter legislativo hasta demandas en la Corte Constitucional.

Aquel viernes, se desarrollaron varias votaciones alrededor del proyecto económico enviado por el Ejecutivo. Estas se dieron sobre los informes de mayoría, de minoría y sobre el proyecto de ley.  

La primera votación se dio sobre la moción para aprobar íntegramente el texto, que alcanzó 30 votos, de los 70 que debía lograr. La segunda votación se dio en base a la moción del PSC de negar el informe de mayoría, que consiguió 90 votos. En la tercera votación, la Asamblea tampoco aprobó el informe de minoría, presentado por UNES.

Una cuarta votación se realizó por la moción de la bancada de Pachakutik para el archivo de la ley, que no solo que no logró los 70 votos requeridos, sino que tuvo 81 abstenciones pertenecientes a la bancada de UNES, CREO y aliados del oficialismo.  

Así, a la víspera del plazo que tenía el legislativo para tratar esta ley no se consiguieron votos ni para archivar ni para aprobarla. Esto facultó a que la reforma tributaria entre a regir por el ministerio de la ley. Este 29 de noviembre, el primer mandatario, Guillermo Lasso, envió la normativa para su publicación en el Registro Oficial.  

Opciones de la Asamblea 

Según, el abogado y exasesor jurídico de la Asamblea, Miguel Villacís, la primera opción que tuvo la Asamblea era la rectificación o reconsideración de la votación, que no se lo hizo.  

“Nadie va a la votación sin estar advertido de lo que va a pasar, probablemente conociendo de este asunto, la Presidenta (Guadalupe Llori) la clausuró”, cuando pudo suspenderla. Esto se podría considerar, para Villacís, como un éxito rotundo para el Gobierno, pues su proyecto pasará a registro oficial intacto.   

Mientras la nueva ley entraría en vigencia esta semana, la Asamblea tiene tres escenarios de trabajo: la reforma, la derogatoria y las acciones frente a la Corte Constitucional.  

Si la reforma se realiza sobre un tema tributario de este cuerpo legal, habría un problema con la iniciativa exclusiva del Presidente, plantea Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos.  

La Constitución, en su artículo 135, señala que el solo Presidente “podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos (…)”. 

En cuanto a la derogatoria, que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí lo prevén, esta sería integral e implicaría mínimo tres meses de proceso interno, según Rivas. 

El proyecto de derogatoria debe ser presentado a la Presidenta la Asamblea Nacional, quien enviará a la Unidad Técnica Legislativa. Esta realizaría un informe que pasa al conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Si este lo califica enviaría a una Comisión, que tendría 20 días -como mínimo- para hacer el informe para primer debate, que irá al Pleno. Los asambleístas de este tienen hasta 30 días después de la sesión para presentar observaciones. Y se continuaría con el informe para el segundo debate. 

En todo este proceso, para Rivas, se deberán tomar en cuenta los días que cada instancia se toma para revisar y elaborar informes. Y, por otro lado, la competencia que tiene el Presidente de la República frente a un proyecto de ley del legislativo, quien puede sancionar u objetar. 

En esto coincide Villacís, quien plantea que “toda ley que viene de parte de la Asamblea tiene al Presidente como colegislador, en ese sentido él siempre va a tener la última palabra”. 

En cuanto al tema de la Corte Constitucional existirían dos opciones. Rivas explica que se puede interponer una acción de constitucionalidad por vicios de forma o una por el fondo. En esta, algunos asambleístas han adelantado que se argumentaría una presunta vulneración de derechos. Aún se espera que se realicen las argumentaciones respectivas de las bancadas proponentes como ID y UNES.  

Suplementos digitales