La Asamblea Nacional emitió un comunicado este 3 de diciembre del 2022. Una vez más ratifica que desconoce las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Las últimas decisiones de esta entidad las han aprobado los consejeros de la mayoría, destituidos por el Legislativo, pero en funciones por una medida judicial.
“La Asamblea Nacional no reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos”, señala la Asamblea en su comunicado.
El documento está firmado por Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo; Marcela Holguín, primera vicepresidenta; Darwin Pereira, segundo vicepresidente; Mauricio Zambrano, coordinador de la bancada del correísmo; Esteban Torres, coordinador de bancada del Partido Social Cristiano; Marlon Cadena, asambleísta de la Izquierda Democrática; Amada Ortiz y Augusto Guamán, legisladores independientes.
En el comunicado explican que los actos de poder público contrarios a la Constitución carecen de eficacia jurídica, como lo establece el artículo 424 de la Constitución. Sobre esa base, la Asamblea dice que no es factible atacar dichos actos porque “entrañan graves violaciones a la norma suprema de la República”.
Ese es el caso “de aquellos que atentan contra la asignación de competencias exclusivas de cada función del Estado”, critica el poder Legislativo. Considera que aceptar la validez de lo dictado por el juez Ángel Lindao, de la Concordia, sería violar la Constitución y la independencia de la Asamblea.
“Con ese peregrino y cobarde criterio los asambleístas estaríamos demás, pues serían entonces los jueces quienes legislen y realicen el control político, atribuciones que son lejanas a su naturaleza jurídica y a la democracia, en sí misma”, se reitera en el documento.
Consejeros en funciones
Lindao remitió el 29 de noviembre del 2022 la notificación en la que señala que hubo un error de tipeo en las medidas cautelares otorgadas el 22, a favor de los cuatro consejeros que destituyó la Asamblea. La decisión judicial que suspendió los efectos de la destitución mencionó la resolución 2021-2023-112 del Legislativo, “cuando lo correcto es resolución 2021-2023-115”. Por lo que Lindao procedió a modular la referida resolución.
La resolución 115 es la que corresponde a la sesión 813 del 18 de noviembre, convocada por Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, en la que se censuró y destituyó a los consejeros Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Con el respaldo de la medida judicial, el bloque de la mayoría del Cpccs sesionó a partir del 23 de noviembre, con ausencia de los otros tres consejeros de minoría: Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero. Así lo ha hecho hasta el 2 de diciembre cuando se designó al nuevo superintendente de Bancos, Roberto Romero. Tras la notificación, el siguiente paso es la posesión, competencia de la Asamblea.
Presunto delito
Para los legisladores firmantes del documento, los servidores destituidos que desconocen una orden de autoridad legítima deben ser denunciados por tal delito. Lo mismo para el juez Lindao. Las máximas autoridades del Ecuador, incluida la Fiscal General del Estado, deben adoptar las gestiones conducentes a fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás Funciones del Estado, exhortan.
“Hasta la fecha la Asamblea Nacional ha actuado con mucha serenidad y prudencia que bajo ningún concepto debe ser confundida con debilidad”, advierten en el comunicado.
Aseguran que no permitirán “que ninguna otra Función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder legislativo; mucho menos en las decisiones que adopte” la Asamblea.
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