El Ejecutivo podrá emitir un nuevo estado de excepción por el paro de manera inmediata si la Asamblea deroga el Decreto 455, que fue suscrito por el presidente Guillermo Lasso el el viernes 17 de junio.
En eso coincidieron los constitucionalistas Pamela Aguirre Castro y André Benavides, al ser consultados por este Diario. La medida rige para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, afectadas por la movilización liderada por la Conaie.
“Nada le impide que el Gobierno firme otro Decreto”, señaló Benavides, incluso antes de que la Asamblea envie la resolución al Registro Oficial. “Esa es la lógica de la democracia, por eso se tienen que llegar a consensos. De hecho el problema es la falta de comunicación que existe entre las instituciones”, agregó Aguirre.
El consejero presidencial Diego Ordóñez sostuvo que “la declaratoria de estado de excepción se hace para defender a los ciudadanos de la violencia política. Si los asambleístas se ponen del lado de la violencia, el Gobierno seguirá del lado de los ciudadanos y deberá emitir un nuevo Decreto”, anticipó.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, manifestó que “es facultad del Presidente de la República dictar un estado de excepción, (pero) lo que que tiene hacerlo es dentro del marco constitucional sin irse en contra de los derechos que consagra la Constitución”.
Saquicela remarcó que el Pleno de la Asamblea sesionará esta tarde, a las 17:15, para decidir si revoca o no el estado de excepción y desestimó que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, presentara medidas cautelares para impedir el debate.
Puntualizó que la Asamblea tiene esta atribución constitucional y que no permitirá “la intromisión de la justicia en este poder de Estado”.
De acuerdo con el artículo 46 de la norma suprema, la Asamblea puede revocar esta medida con una mayoría absoluta (70 votos), en un solo debate.