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La Asamblea Nacional comenzará a analizar, en la segunda semana de noviembre de 2026, un proyecto de ley que busca regular las actividades relacionadas con los activos virtuales en Ecuador. La propuesta establece reglas para su emisión, intercambio, custodia, transferencia y administración. Además, plantea mecanismos de supervisión para prevenir delitos financieros y ofrecer seguridad jurídica a quienes participan en este mercado.
La iniciativa llegó a la Comisión de Seguridad Integral por parte de la asambleísta Inés Alarcón, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien preside esa mesa legislativa. El documento contiene 83 artículos, seis disposiciones transitorias, cinco reformatorias y una disposición final. Sus disposiciones abarcan las actividades con activos virtuales que se desarrollen en Ecuador o generen efectos económicos, jurídicos o patrimoniales en el país.
Uno de los objetivos centrales del proyecto consiste en impedir que los activos virtuales sirvan para ocultar dinero de origen ilícito, dificultar el rastreo de bienes o ejecutar transacciones al margen de los controles estatales.
Para cumplir ese propósito, la propuesta establece varias obligaciones para los operadores de estos instrumentos digitales. Entre ellas consta la identificación de clientes y usuarios, así como la verificación de quiénes son los verdaderos propietarios de los recursos. También deberán vigilar las transacciones y aplicar controles adicionales cuando detecten señales que representen un mayor riesgo.
Los operadores tendrán que conservar información sobre el origen y el destino del dinero. Además, deberán mantener registros que permitan identificar a los titulares de los recursos y reconstruir el recorrido de cada operación. Con estos datos, las autoridades podrán detectar movimientos sospechosos y solicitar información cuando lo consideren necesario.
Sin embargo, la iniciativa aclara que no todas las operaciones con activos virtuales representan una actividad sospechosa. La intención es establecer reglas para conocer quiénes participan en este mercado, cuáles son las condiciones de funcionamiento y qué responsabilidades deben cumplir.
El proyecto también propone fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas del control financiero y la prevención de delitos. En este grupo figuran la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La Fiscalía General del Estado y la Función Judicial también intervendrán dentro de las competencias que les corresponden.
La propuesta identifica a los actores que deberán cumplir las obligaciones, controles y sanciones. Entre ellos están los proveedores de servicios de activos virtuales y las personas naturales o jurídicas que desarrollen de manera habitual, profesional, organizada o con fines económicos actividades de intercambio, custodia, transferencia, administración o intermediación de operaciones con estos instrumentos.
El alcance también incluye las plataformas, aplicaciones, portales, protocolos e infraestructuras tecnológicas que permitan o faciliten materialmente estas actividades. La regulación contempla, además, a los operadores extranjeros que no tengan establecimientos físicos en Ecuador, pero ofrezcan o ejecuten habitualmente servicios dirigidos a residentes, consumidores o patrimonios ubicados en el país. Esta disposición busca evitar que las plataformas transfronterizas eludan los controles.
Otro componente de la iniciativa comprende reformas a varias normas. El proyecto toma en cuenta el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el lavado de activos y otras conductas relacionadas con el ocultamiento, la transferencia y el aprovechamiento de bienes de origen ilícito.
La exposición de motivos señala que las investigaciones sobre operaciones con activos virtuales enfrentan dificultades para rastrear las transacciones y establecer el recorrido de los recursos. Por eso, considera que las obligaciones de identificación y conservación de registros pueden aportar herramientas para esclarecer estos movimientos.
Para incorporar las nuevas disposiciones, el documento plantea reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Fintech, la Ley de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla amonestaciones, multas, suspensión temporal, cancelación del registro e inhabilitación del operador. También establece que las sanciones administrativas no impedirán el inicio de acciones penales o de recuperación patrimonial.
La propuesta dispone que los organismos supervisores remitan inmediatamente a la Fiscalía cualquier expediente que contenga indicios de delito o de bienes sujetos a extinción de dominio.
El proyecto no plantea prohibir el uso de activos virtuales. Su propósito es establecer condiciones para que las actividades legítimas funcionen bajo reglas claras. Según la exposición de motivos de la iniciativa, la falta de regulación puede generar incertidumbre jurídica, limitar las inversiones y frenar el crecimiento de nuevos negocios tecnológicos.
Con esta propuesta, la Asamblea busca avanzar en dos frentes: fortalecer los controles para prevenir actividades ilícitas y establecer un marco legal que permita desarrollar el mercado de activos virtuales en Ecuador.
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