
La Asamblea Nacional inició el trámite legislativo del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este proceso busca unificar 84 propuestas presentadas por diversos sectores.
Su objetivo primordial es fortalecer las herramientas legales del Estado ecuatoriano para combatir la delincuencia organizada, frenar el incremento de la violencia y adaptarse a las nuevas modalidades delictivas que afectan al país.
Durante la sesión, la asambleísta Rosa Torres, quien actuó como ponente del informe, enfatizó que la delincuencia ha evolucionado de manera acelerada.
Ante este escenario, argumentó que el sistema judicial y penal requiere una actualización integral. La legisladora sostuvo que el proyecto no solo busca sancionar, sino dotar a las autoridades de instrumentos eficaces para enfrentar fenómenos sociales complejos.
Entre los cambios estructurales que propone este proyecto se encuentra la modificación sustancial al delito de extorsión y la redefinición del peculado, cuya figura se dividiría en cinco modalidades específicas.
La ponente hizo hincapié en que estas medidas son fundamentales, ya que la corrupción impacta directamente en el desarrollo y la estabilidad de la sociedad ecuatoriana.
El debate parlamentario permitió analizar una amplia gama de modificaciones punitivas. Los legisladores centraron sus intervenciones en temas críticos como:
Durante la sesión, algunos legisladores aprovecharon el espacio para solicitar revisiones que prevengan conflictos con la Constitución y pidieron atender las causas estructurales que originan la violencia.
Tras la participación de 14 parlamentarios, quienes expresaron sus criterios sobre el texto inicial, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, dispuso la clausura del debate.
El proyecto de ley fue enviado nuevamente a la Comisión de Justicia, instancia encargada de elaborar el informe definitivo que servirá como base para el segundo y definitivo debate.